Luego de que el Indecopi determinara, en primera instancia, que los cambios realizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a la Ley de Tercerización Laboral son una barrera burocrática ilegal, la medida del Ejecutivo también pierde peso dentro del Poder Judicial (PJ).
Al respecto, la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró fundada, en segunda instancia, una medida cautelar presentada por el Consorcio Minero Horizonte SAC en su proceso de acción de amparo contra el MTPE por las limitaciones a la tercerización.
Con esta resolución, a la empresa, y a todos los negocios con los que tenga contratos, no se les aplicará el Decreto Supremo 001-2022-TR.
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Además, se establece que la Sunafil tendrá que abstenerse de imponerle sanciones referidas a este tema.
Al respecto, el socio del estudio Vinatea & Toyama, Jorge Toyama, explicó a este diario que con la decisión de la Corte se crea un precedente para las otras acciones que se tomen.
“Si bien la medida sirve para una empresa, ya crea un precedente para las otras”, manifestó.
Asimismo, indicó que actualmente hay 11 demandas de acción popular, y que cautelares “entre Indecopi y el Poder Judicial hay aproximadamente 250″.
“La norma es tan arbitraria que hay tres vías para cuestionarla. La primera es el Indecopi, la segunda es una acción popular, y un juicio de amparo”, comentó el laboralista.
Del mismo modo, recordó que también existe la opción de que el Congreso derogue la iniciativa del Ejecutivo, tal y como estuvo a punto de hacerlo en la legislatura anterior, pero que en el Pleno de ese entonces pasó a un cuarto intermedio y no se volvió a tocar el tema.
Precisamente, la presidenta de la Comisión de Economía del Parlamento, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), manifestó que las modificaciones a la tercerización serán uno de los primeros temas que se deberán tratar en el grupo que preside. En estos momentos, los parlamentarios se encuentran en semana de representación.
Aunque no brindó mayores detalles, la legisladora sí informó que buscará reunirse “con los empleadores y los trabajadores para ver la mejor alternativa (a esta norma)”.
Distinta es la postura de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), quien, a través de su cuenta de Twitter, se mostró en contra de la resolución de Indecopi y aseguró que “constituiría un retroceso injustificado y arbitrario que atenta contra los derechos de los trabajadores”.
La legisladora informó que envió al regulador un oficio en el que expresa su preocupación por la decisión que tomó el organismo.