El escenario político de nuestro país ha generado que los inversionistas se muestren con un mayor interés a algún tipo de seguro para poder mitigar pérdidas a sus activos, siendo una propuesta atractiva el Seguro de Riesgos Políticos.
Así lo propone Víctor Velasco, Head of Specialties de Lockton Perú, pues esta póliza está diseñada para cubrir los intereses transfronterizos, es decir, las inversiones fuera del país de origen, que protege contra la confiscación, expropiación, nacionalización o apropiación de parte del Estado sin ningún tipo de compensación, así como la incautación, privación, desinversión forzada, abandono forzado, discriminación selectiva, cancelación de contratos o licencias/revocación, inconvertibilidad monetaria y el embargo.
“Otro factor que constituye un riesgo que se puede cubrir mediante el Seguro de Riesgos Políticos es la escasez de dólares. Ello, solo cuando el gobierno restrinja la conversión o transferencias provenientes de ganancias o dividendos, ganancias acumuladas u otros montos que la filial deba girar al exterior”, detalla el especialista de Lockton.
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Asimismo, la violencia política, guerra civil, insurrección, rebelión, revolución, sabotaje o terrorismo, entre otros, que puedan afectar el material de los activos de la empresa u obligar al abandono de la inversión, también están considerados como un factor que constituya un riesgo a cubrir, así como el daño físico que pudieran causar dichos eventos.
Según el experto Velasco, los perfiles empresariales que pueden beneficiarse de este seguro son:
- Empresas extranjeras con inversiones en subsidiarias peruanas, participación en empresas conjuntas o propiedad de activos vulnerables a estos eventos.
Prestamistas e inversores involucrados en el financiamiento de transacciones transfronterizas; desarrolladores de proyectos y contratistas expuestos al riesgo de impago derivado de sus contratos con el gobierno o empresas estatales.
- Contratistas de construcción, ingeniería, servicios de minería y energía que participan en proyectos del Estado con garantías de desempeño, así como la exposición de sus activos que pueden resultar dañados o volverse inaccesibles como resultado de acciones del gobierno o inestabilidad local.