Redacción PERÚ21

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Con el fin de fortalecer la capacidad financiera de las empresas, parlamentarios como Pedro Olaechea, Mercedes Aráoz y los titulares de los y Producción han presentado proyectos de ley que buscan establecer el pago de facturas en un plazo máximo de 30 días. Esto será debatido el día de mañana. 

La iniciativa basada en la propuesta legislativa de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP) se concentra en lograr un trato justo al momento de negociar y hacer el cobro de los servicios prestados.

Cabe señalar que actualmente muchas empresas, principalmente grandes, aplican contra sus proveedores políticas de pago a más de 30 días. Con esto, se generan pérdidas de ingresos, deudas y hasta riesgos de cierre, que llevan a la pérdida de empleos, así lo detalló Fernando Calmell del Solar, presidente de ASEP.

La propuesta de ley plantea los siguientes cambios: 
✔ El plazo de pago será con fecha cierta en 03 etapas: Se tendrá 3 días para aprobar los productos, bienes y/o servicios contratados y permitir la emisión de la factura. Las empresas contratantes tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para emitir la conformidad, aceptar la factura y pagar obligatoriamente a los proveedores en un plazo máximo de 30 días.

En caso, la empresa desee pactar un plazo mayor para la aceptación y el pago del bien y/o servicio por mutuo acuerdo se deberá firmar un contrato, el cual se presentará a PRODUCE debidamente justificado. En este contrato no se incluirá negociar los intereses ni moras menores a las estipuladas a ley.

✔ Las empresas que pasen el tiempo estipulado de la Ley 30 días generarán interés y moras sobre la deuda existente. Las tasas de estos intereses serán estipuladas por el Banco Central de Reserva del Perú.

✔ Las empresas no podrán usar el crédito fiscal de la compra hasta que la factura sea cancelada, un mecanismo que se utiliza actualmente para IGV Justo.

✔ Las facturas comerciales y negociables seguirán siendo documentos distintos pero su aprobación o desaprobación será simultánea, lo que significa que permite negociar la factura sin una segunda autorización del pagador.

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