Legislación laboral: flexibilidad y fiscalización

Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com

Ese trato denigrante forma parte de nuestro precario mercado laboral, y de allí la importancia del proceso que viene gestando la Ley General del Trabajo.

Los gremios empresariales han expresado su preocupación por lo que consideran una norma "rígida, excluyente y anticompetitiva". Por su parte, los representantes de los trabajadores han defendido los alcances del proyecto aduciendo que actualmente "hay simulación y fraude a la ley a costa de sus intereses". Es probable que algo de razón se encuentre –caprichosamente– en ambas posiciones.

Es fácil comprender –en un extremo, por ejemplo– que la negociación por rama afectará a los pequeños y medianos empresarios en la planilla, su costo más sensible. Pero también puede uno imaginar que si las cosas no cambian, los services van a seguir sirviendo para burlar derechos laborales.

El debate deberá ser, por lo tanto, serio y trascendente porque de su resultado dependerá una norma que, si bien no tiene por objeto generar empleo, no debería ser obstáculo para que este se incremente.

Lo más sensato sería adoptar un modelo que combine la flexibilidad del mercado laboral con la rigidez de la fiscalización. Esto significaría que tanto las barreras de entrada como de salida del mercado laboral se adapten a las necesidades de una economía moderna y competitiva y, de manera paralela, que la fiscalización en el cumplimiento de las normas sea mucho más estricta de lo que hasta ahora es.

Todo esto implica el fortalecimiento de la autoridad de trabajo y su desarrollo institucional. Y, de eso, poco han dicho hasta el momento los responsables directos.