Muñante sobre acción de amparo contra la vacancia: “Vamos a defender nuestro fuero frente a esas amenazas”

El congresista y vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, criticó al exministro de Defensa Walter Ayala por presentar una demanda de acción de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima para suspender el trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

Dicha iniciativa promovida por la congresista Patricia Chirinos, se recuerda, es respaldada hasta el momento por 48 parlamentarios.

Según Muñante, el extitular de Defensa “pretende amenazar a los congresistas desconociendo la Constitución”.

En esa línea, Muñante afirmó que el exministro “se dice ser profesor de derecho constitucional pero desconoce que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. La vacancia es parte de una herramienta de control político que tienen los congresistas”.

“Por eso, vamos a defender nuestro fuero frente a esas amenazas. No lo vamos a permitir. Vamos a continuar (con la vacancia) porque el Congreso no puede declinar ni dejarse avasallar. Mientras que actuemos según los cauces constitucionales no podemos permitir mandatos ilegales contra el derecho legitimo de los congresistas”, agregó.

Además, recordó que no es la primera vez que el exministro arremete contra el Congreso pues “hizo lo mismo con la elección de los miembros para el Tribunal Constitucional” por parte del anterior Parlamento.

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Según el recurso presentado por Ayala, el Congreso viene vulnerado los principios de “afectación al principio de separación de poderes, afectación a la estabilidad jurídica que genera un caos político y económico, afectación al principio de legalidad, afectación al principio de interdicción de la arbitrariedad, abuso del derecho, principio de razonabilidad, además no cumple con los estándares y parámetros establecidos en la Constitución”.

La moción de vacancia presidencial detalla que “la incapacidad moral del presidente José Pedro Castillo Terrones está fundamentada y registrada, de forma sistemática, en la designación en altos cargos públicos a personas contrarias al Estado de derecho y al sistema democrático por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo, por su injerencia por motivaciones personales en las Fuerzas Armadas y en la Sunat y su total anuencia a la afectación de los derechos humanos de las mujeres a través de la violencia”.

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