Pedro Castillo: El silencio de la Fiscalía de la Nación despierta serias dudas

La fiscal de la Nación y sus subordinados más cercanos han gritado a los cuatro vientos –en reiteradas oportunidades– que su independencia está más que asegurada. Lamentablemente, los hechos no confirman tal afirmación. Han pasado más de 48 horas desde la revelación de Cuarto poder en que se registra en imágenes la existencia de un despacho clandestino utilizado por el mandatario, y el Ministerio Público sigue dejando pasar un tiempo fundamental para la investigación, pero muy oportuno para los implicados.

Hace ocho años, a primera hora del 13 de noviembre de 2013, se publicó en el diario El Comercio un reportaje que revelaba que las casas del exoperador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses, gozaban de un ilegal y abundante resguardo policial. Ante la presión de la prensa, dejando pasar un día, el 14 de noviembre, una fiscal del despacho anticorrupción allanó los domicilios del personaje en cuestión. En esos tiempos el Ministerio Público hacía el esfuerzo por mostrarse independiente del poder político. Hoy, en 2021, ya nadie disimula.

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Ni la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ni su fiscal superior coordinador del sistema anticorrupción, Omar Tello, han movido un dedo para que sus subalternos intervengan la casa del pasaje Sarratea en Breña, en donde a todas luces se han producido reuniones sospechosas e ilegales y se ha visto, incluso, ingresar a un personaje cargando un bolso extrañamente regordete.

En junio ocurrió un hecho tan grave como el que presenciamos ahora. Entonces Perú21 denunció que el fiscal coordinador Omar Tello no prestó toda la atención necesaria a un operativo que tenía como objetivo la captura de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, directamente involucrada al partido Perú Libre, que, en ese entonces, disputaba la segunda vuelta. La diligencia se realizó dos semanas después, cuando los investigados ya conocían lo que les sucedería. El tiempo se encargó de respaldar la denuncia de este diario, pues estamos en diciembre y los cabecillas siguen prófugos.

Hace unas semanas, nuevamente, el sospechoso accionar del Ministerio Público bajo el sombrero de Castillo. Un fiscal del sistema anticorrupción que lidera Tello visitó Palacio de Gobierno para interrogar al secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco. Encontró 20 mil dólares en uno de los baños, pero no incautó el dinero. A los dos días de la diligencia, el fiscal coordinador, Tello, ofreció en los medios detalles del registro en la oficina de la Secretaría del Despacho Presidencial. Contó que Bruno Pacheco no entregó su celular a los fiscales porque no lo portaba en ese momento –un pretexto inaceptable por lo inverosímil–, pero olvidó comentar sobre los veinte mil dólares encontrados cerca del retrete. El escándalo saltó al día siguiente gracias a que un fiscal honesto, indignado por la grave omisión de Tello en su relato, tomó una fotografía del acta fiscal que contenía el dato del dinero encontrado y la filtró.

El presidente Castillo se ha rodeado de dos exfiscales, los ministros Avelino Guillén y Juan Carrasco. ¿Se encargan ellos acaso de llamar a sus contactos en la Fiscalía para adormecer su autoridad? El aplauso que la noche del lunes ambos hombres, otrora de leyes, le ofrecieron a un presidente que mentía frente a todo el país sobre su verdadero domicilio llama a sospecha.

El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) sostiene que la Fiscalía de la Nación ya debería haber dispuesto el allanamiento del inmueble de Breña.

A su reclamo se sumó el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien solicitó a Zoraida Ávalos que proceda a iniciar una investigación sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en Breña pues “constituye una violación flagrante a las disposiciones jurídicas vigentes”, dijo.

TENGA EN CUENTA

• “La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben actuar según sus atribuciones legales y constitucionales para esclarecer hechos”, dijo Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo.
• La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, le envió un oficio a Zoraida Ávalos para que inicie una investigación de oficio, pues se estaría incumpliendo la Ley de Transparencia.