Personal de la prensa nacional protesta en la sala Tupac Amaru, luego de no permitirles entrar a la conferencia brindada por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, junto a miembros de los diferentes ministerios.
Foto: Julio Reaño/@Photo.gec
Personal de la prensa nacional protesta en la sala Tupac Amaru, luego de no permitirles entrar a la conferencia brindada por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, junto a miembros de los diferentes ministerios. Foto: Julio Reaño/@Photo.gec

El de Estados Unidos publicó su informe anual de países sobre prácticas de . En el documento, se muestra que Perú reporta una cifra preocupante de ataques a la prensa durante 2022.

El informe recoge las cifras del informe anual que publica la . La asociación reportó que en 2022 se registraron 303 ataques contra periodistas. La cifra más alta se da en diciembre, luego del golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo y de su posterior destitución. En aquel mes la prensa sufrió 63 ataques. Mientras que en abril, durante el paro agrícola, se reportaron 34 ataques, y en septiembre, mes previo a las elecciones regionales y municipales, sucedieron 28.

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Dos tercios de los ataques fueron agresiones verbales y físicas, mientras que el tercio restante comprende intimidaciones y amenazas. A pesar de que la mayoría de agresores fueron civiles, según el informe funcionarios del gobierno y efectivos de seguridad también agredieron a la prensa.

Cabe resaltar que 2022 reportó la cifra más alta desde que la ANP inició el registro de incidentes en 2005.


Muertes en protestas

Según el documento, existen reportes que acusan al Gobierno o a sus funcionarios de cometer “homicidios arbitrarios o ilegales”. Asimismo, expresa que el Ministerio de Salud, al 31 de diciembre del año pasado, reportó 28 muertes por protestas. Además, informa que la Fiscalía de la Nación investiga actualmente si las muertes se debieron a un excesivo uso de la fuerza por parte de efectivos de la policía y Fuerzas Armadas.

El Departamento de Estado considera que el gobierno ha tomado medidas para investigar y en algunos casos para procesar a funcionarios acusados de abusos y corrupción. Sin embargo, enfatizó en que “la corrupción y una percepción de impunidad se mantienen”.

Fernando Rospigliosi







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