En 23 días, excongresistas perderán su inmunidad parlamentaria

Ha pasado una semana desde que el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y se van reduciendo los días para que los ahora exlegisladores pierdan su inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, sean procesados como cualquier ciudadano.

¿Qué sucede? El artículo 93 de la Constitución Política del Perú señala que los parlamentarios no pueden ser procesados “ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”. Es decir, solo les queda 23 días para gozar de este privilegio.

Uno de los casos más sonados es el del fujimorista Moíses Mamani, para quien el Poder Judicial pidió levantarle la inmunidad por el presunto delito de falsedad genérica, al presuntamente mentir en su hoja de vida sobre sus estudios escolares.

En marzo ya se le había levantado el fuero por tocamientos indebidos a una aeromoza, proceso por el cual fue suspendido por 120 días. El segundo caso aún estaba pendiente de votación en el Pleno. Ahora la justicia ya podrá procesarlo directamente.

El mismo camino seguirá Yesenia Ponce. Ella entró al Congreso con Fuerza Popular, pero terminó en Peruanos por el Kambio. Para la exparlamentaria, el pedido de levantamiento fue también por mentir en su declaración jurada de hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones antes de los comicios de 2016. El tema tampoco se votó en sesión plenaria pese a que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ya había aprobado la solicitud de la Corte Suprema.

Ponce habría mentido sobre sus estudios de cuarto y quinto de secundaria. Sobre este caso también fue suspendida por 120 días del Parlamento.

Antes de que el Congreso sea disuelto, Mamani y Ponce estaban suspendidos. El primero repetía sanción por 120 días, esta vez por mentir en su hoja de vida, mientras que la segunda volvía a ser sancionada por no decir la verdad sobre la dirección de su domicilio.

Otro exlegislador a quien le quedan solo días con inmunidad es Roberto Vieira. Aunque para él aún no se había pedido el levantamiento del fuero, ya pesaba una denuncia constitucional por tráfico de influencias, realizada por la Fiscalía de la Nación.

Al exparlamentario de Peruanos por el Kambio y Cambio 21 se le acusa de pedir una coima a su primo con la finalidad de ayudarlo en un proceso que tenía en el Ministerio de la Producción.

Incluso, recientemente el Poder Judicial aprobó para él un impedimento de salida del país de 15 días, luego de que el último martes y miércoles intentara a toda costa salir del país. Adujo que no escapaba y que el viaje ya había sido planificado unos días antes.

CASO BECERRIL Y FLORES

Existe un grupo de personas que aún mantendrán su inmunidad pues pertenecen a la Comisión Permanente del Congreso y, por ende, conservan todos sus privilegios.

Entre ellos se encuentran Héctor Becerril (FP) y Clemente Flores (PpK). A ambos la Fiscalía los vinculó con la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Al primero también se le ha relacionado con la organización criminal Los Wachiturros de Tumán.

“Que investiguen lo que tengan que investigar”, respondió el fujimorista al ser consultado sobre el tema.

Hay que precisar que para Becerril y Flores aún no se pedía al Congreso el levantamiento de su inmunidad de proceso por los casos en mención, pero el Ministerio Público venía avanzando en las indagaciones.

DIPAS, EL CONDENADO

Pero quien estaría más preocupado es el fujimorista Joaquín Dipas. En junio, el Poder Judicial pidió para él el levantamiento de inmunidad de arresto para que se pueda ejecutar una condena de cinco años por el delito de colusión, por haber sobrevalorado la compra de un terreno cuando era alcalde de Pichari (Cusco).

La pregunta que surge ahora es: ¿se le podrá levantar la inmunidad siendo accesitario de la Comisión Permanente?

Hay dos opiniones encontradas en este caso. El juez supremo Francisco Távara declaró a este diario que, “en una opinión preliminar”, no habría ningún inconveniente para proceder con el arresto una vez que se cumplan los 30 días establecidos por ley.

“Los que están en la Permanente gozan de toda la prerrogativa y están protegidos, pero me parece que esto no incluye a los suplentes. Considero que él podría ser arrestado cuando venza su inmunidad”, expresó.

No obstante, para el constitucionalista Víctor García Toma, dado que el tema de los accesitarios no está establecido en la norma, una interpretación es que mantendrán los privilegios, entre ellos el de la inmunidad. “Más allá de la discusión de si hay o no golpe de Estado, creo que los accesitarios todavía tienen toda la prerrogativa, porque siguen siendo miembros de la comisión”, expresó. En la práctica, ya se habría dispuesto retirarles privilegios como sueldos, movilidad, entre otros.

GERARDO TÁVARA: “NO QUIEREN PERDER SU INMUNIDAD”

La pérdida de la inmunidad parlamentaria, en muchos casos, es una de las razones por la que excongresistas se niegan a aceptar el cierre del Parlamento. No la quieren perder. Es grave la situación porque hemos visto cómo se ha blindado a exlegisladores, cómo es que una demora en el proceso permitió que exparlamentarios como Benicio Ríos (hoy preso) y Edwin Donayre se escondieran y este último aún sigue prófugo.

Ahora, con la disolución del Parlamento, y pasados los 30 días, ya no gozarán de esta inmunidad y podrán ser procesados por los casos que tiene la Fiscalía.

Creo que esta corrupción que se generó por la inmunidad es un detonante para la crisis política que hoy vivimos. La población ha visto y cuestionado a quienes se fugaban o blindaban.

En el caso de Joaquín Dipas, la Policía, por orden del Poder Judicial, debería arrestarlo una vez para que cumpla el plazo. Ahora todos, salvo los de la Permanente, serán investigados como cualquier ciudadano porque ya no tendrán esa protección que tenían como legisladores.

TENGA EN CUENTA:

* Una de las reformas que planteó el gobierno al Congreso fue que la inmunidad de los legisladores sea tramitada y decidida solo por el Poder Judicial. Esta reforma no se aprobó en esos términos pese a que se pidió cuestión de confianza.

* La propuesta aprobada en el Pleno fue que el Congreso tendrá 45 días para responder algún pedido de levantamiento de inmunidad. Pasado este plazo, la Suprema podrá solicitarlo al TC.