¿Por qué la Sunedu sancionó con más de S/ 8.6 millones a la Universidad San Martín de Porres?

La Universidad San Martín de Porres (USMP) ha sido sancionada con una monto superior a S/ 8.6 millones por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por haber infringido uno de los puntos importantes de la Ley Universitaria.

Esta casa de estudios, la cual está licenciada, utilizó sus activos y excedentes económicos para siete empresas relacionadas a esta. El monto que inyectó a estas organizaciones, entre los años 2013 y 2018, fue de 293 millones de soles, según Sunedu.

El problema se resume en que la USMP habría vulnerado el numeral 3.1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria, el cual prohíbe “utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas para fines distintos a los universitarios”.

Es decir, la USMP utilizó sus activos para empresas que no tienen nada que ver con la educación universitaria. Esto está netamente prohibido gracias a la Ley Universitaria.

¿Cuáles son estas organizaciones? El dominical Cuarto Poder las enumeró con sus montos correspondientes:

1. Club deportivo San Martín de Porres S.A.: Préstamo por más de 1 millón de soles entre 2013 y 2018.

2. Empresa Interamericana de Radiodifusión S.A.: Préstamo por más de 6 millones 700 mil soles entre 2013 y 2018.

3. Tambo Hotel y Restaurante S.A.C. se benefició por préstamos ascendentes a más de 5 millones de soles.

4. El colegio Rita Castro recibió préstamos por casi 1 millón de soles a través de contratos no escritos.

5. La promotora educativa USMP recibió préstamos por más de 3 millones 200 mil soles sin garantías ni intereses a favor de la universidad.

6. A la editora La Crónica S.A.C. le prestó 62 mil soles en 2013. La empresa nunca llegó a operar pero la universidad mantuvo el préstamo hasta 2015.

7. La universidad le hizo un préstamo de casi 5 millones de soles a la aerolínea LC Busre a través de contratos no escritos, sin garantías ni intereses.

La USMP asegura que todas las operaciones se realizaron con el único fin de beneficiar a sus estudiantes. Sin embargo, no pudo comprobar ni demostrar tales fines.

La Sunedu concluyó, además, que esas inyecciones de dinero no fueron aprobadas por el consejo directivo de la universidad y que su rector José Antonio Chang “permitió un incumplimiento sostenido” del referido estatuto de la Ley Universitaria.

Por este motivo, la Sunedu ha iniciado un proceso de vacancia contra Chang y ha exhortado a la universidad a que presenta una ruta de acciones para recuperar los montos asignados a tales empresas extraeducativas.