La desesperación del gobierno de Dina Boluarte se hace evidente con el retiro de la jefatura de la Diviac del coronel Harvey Colchado. Han tenido que recurrir a una leguleyada dentro de Inspectoría de la Policía para iniciarle un proceso disciplinario, por una supuesta falta grave, un requisito para que se le suspenda temporalmente de su cargo y se debilite el trabajo de la Policía Nacional, en un área tan sensible que durante los últimos años ha sido incómoda para el poder de turno, porque se han atrevido a investigar hasta el presidente.

Pero, si hay algo que ha caracterizado el trabajo del Crl. Colchado, ha sido que no distingue el color político, actúa con el mismo profesionalismo y vehemencia con apego a ley, frente a los casos que ha involucrado a los presidentes de turno. Lo hicieron con Alan García, Pedro Castillo, Martín Vizcarra y ahora con Dina Boluarte. Deberían recordar que el titular de la acción penal es la Fiscalía y, bajo ese criterio, primero deberían remover a los fiscales que trabajan junto a la Policía, para efectuar sus diligencias como los allanamientos.

De la misma manera, la Diviac está investigando a los partidos políticos que hoy gobiernan, como Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos, por lo que resultan sumamente incómodos, si, además, se suman los candidatos presidenciales, congresistas, ministros de Estado, toda una lista de personajes siniestros relacionados con la política, que han llevado al país al garete.

Por eso la valía de instituciones públicas que garanticen la labor de hacer frente a todas estas mafias organizadas de la política, que es como una luz en las tinieblas, que genera cierta esperanza para poder enfrentar la corrupción, que en el Perú ya es un cáncer que está haciendo metástasis. Por eso será que vivimos una crisis de valores que nos está llevando hasta normalizar la corrupción, en un letargo peligroso de la ciudadanía.

Es hasta grosero el procedimiento contra el Crl. Colchado; es una muestra de prepotencia y abuso de poder, que al final se les revertirá, porque, con este acto irregular, hasta la propia presidenta estaría cometiendo el delito de obstaculización de la justicia y, para su desgracia, le da más argumentos a la Fiscalía para proceder con la denuncia constitucional y/o acusación.

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