En el año 2002, debido a la presión política, pero sin estar preparados para ello, se llevó a cabo el proceso de descentralización haciendo caso omiso a las advertencias de que esto ocasionaría más problemas que resultados positivos. La idea era acercar la instancia de toma de decisiones a la ciudadanía. Algunos sostienen que el país no estaba preparado, pero tampoco lo está ahora.

Es más, originalmente la idea era fusionar regiones y crear macrorregiones que permitieran hacer proyectos conjuntos y procurar un uso eficiente de recursos, pero, en el año 2005, la ciudadanía rechazó esta idea. Con ello, continuamos con un elevado número de gobiernos, no solo regionales, sino también locales en los que los funcionarios cambian cada vez que un nuevo gobernador o alcalde es elegido. Por tal motivo, no se puede dar la tan necesaria construcción de capacidades para poder administrar los recursos que se adjudican según el presupuesto. Cada elección significa un borrón y cuenta nueva, en el cual nunca se aprovecha lo avanzado en los periodos anteriores.

Otro de los problemas que ha traído esta descentralización llevada a cabo sin mayor análisis es la corrupción. Gobernadores y alcaldes enfrentan acusaciones y procesos por mal uso de los recursos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, apropiación ilícita de fondos públicos, negociación incompatible, entre otros. Eventualmente, encontramos también el otro lado de la moneda: en pocos casos, aunque se da, la venganza política puede llevarse a cabo con una o más denuncias a la autoridad a la cual se desea destruir. Tal es el caso de Fernando Cillóniz, quien fuera gobernador de Ica y se atrevió a combatir las mafias instaladas en su región. Hoy continúa defendiéndose de juicios absurdos quitándole a cualquiera que sea honesto las ganas de aventurarse en política.

¿Es posible retroceder y regresar a una mayor centralización? Sería políticamente inviable; pero sí se deben tomar acciones para reducir los efectos negativos de la descentralización. Así, por ejemplo, el gobierno central podría acompañar o hacerse cargo de la elaboración de proyectos. Hoy, por falta de capacidad, proyectos necesarios nunca se presentan ni mucho menos obtienen presupuesto para su ejecución. Otra opción está en la responsabilidad sobre grandes proyectos de inversión y pongo nuevamente como ejemplo el caso de Majes Siguas, que incorporará 38 mil hectáreas a la agricultura moderna. Hace más de tres gobiernos regionales que el proyecto está paralizado en Arequipa. En estos casos, dado un plazo determinado, si el gobierno subnacional no ha podido llevar a cabo un proyecto, este debería regresar a la administración del gobierno central para su destrabe y ejecución. Tampoco es que últimamente el gobierno central esté demostrando gran eficiencia, pero, dadas las circunstancias, es una opción que vale la pena probar.


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