[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “¿Quién paga la cuenta?”

El caos de los últimos dos meses ya nos está pasando factura. Este año nuestro crecimiento apenas superará el 1%, con menor empleo y más pobreza. Por si ello fuera poco, la inflación viene aumentando debido al encarecimiento de productos de primera necesidad, consecuencia directa de los bloqueos.

En momentos en que se proyectan mayores precios para el cobre como consecuencia de la reactivación china y el oro alcanza altos históricos, nuestra producción minera se ve severamente golpeada. Las movilizaciones violentas han puesto en jaque a algunas de las principales operaciones del país, sobre todo, en el Corredor Minero del Sur.

Además de los ataques directos, las empresas han debido lidiar con la escasez de insumos y las dificultades en el traslado de su producción a puertos. Expresión de ello es la reciente suspensión de Las Bambas (LB), que amenaza los ingresos de 75,000 trabajadores y proveedores. Cada día de paralización se traduce en la pérdida de impuestos para el Estado de más de S/6 millones, la mitad de los cuales se transfiere a los gobiernos locales de Apurímac, vía canon.

No sorprende, entonces, que la inversión en el sector se haya paralizado y que este año no se ponga en marcha ningún proyecto de envergadura, a diferencia de lo que viene ocurriendo con nuestros principales competidores. Más aún, si la actual coyuntura de violencia e inestabilidad se prolonga, es esperable que la producción metálica se siga retrayendo. Lo mismo ocurre con el sector hidrocarburos, que ya en enero muestra un fuerte retroceso.

El caso más desalentador, sin embargo, es el del turismo, especialmente relevante para el sur del país. Producto de la violencia, el ingreso de visitantes extranjeros se ha reducido a la mitad, y miles de reservas hoteleras han sido canceladas. Cusco ha quedado prácticamente convertida en una ciudad fantasma, y, en Puno, el 95% de los trabajadores del sector se encuentran desempleados.

Como hemos visto, la cuenta que nos dejan estas jornadas de caos y destrucción, no solamente es la trágica y evitable pérdida de vidas, sino, también el alto costo económico que pagaremos todos los peruanos, especialmente los más pobres y vulnerables, los más afectados por los bloqueos y la violencia.

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