[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “Colapso agrario y conflictividad”

Es imposible entender el actual contexto de conflictividad sin tomar en consideración la grave crisis que golpea nuestro campo, especialmente en los departamentos de la sierra sur, donde la producción agrícola ha colapsado, con el consecuente deterioro en las condiciones de vida de buena parte de la población que depende de ella.

Si bien no podemos ignorar la relevancia de los elementos políticos detrás de las movilizaciones (las recientes y las anunciadas), resulta importante analizar sus condicionantes económicos, a fin de responder adecuadamente a las demandas y frustración existentes en las regiones de alta crispación.

Para mayores señas, este abril la producción agraria para consumo interno alcanzó la peor contracción de la que se tiene registro: -20%. Se trata de una tendencia adversa que lleva más de un año en gestación y que guarda relación no solo con las lluvias en el norte y sequías y heladas en el sur, sino que responde también a una gestión pública caracterizada por su extrema ineficiencia (cuatro compras frustradas de fertilizantes).

La producción de papa, el segundo cultivo más relevante del PIB agropecuario después del arroz y el más relevante de la sierra, ha caído 35%. Este colapso tiene su origen en la contracción de la superficie sembrada que se dio a fines de 2022 y primer bimestre del año. Considerando esa dinámica y las perspectivas negativas asociadas al fenómeno de El Niño, resulta improbable que las condiciones mejoren el segundo semestre. Más bien, todo hace pensar que empeorarán.

El golpe ha sido particularmente devastador en Puno, Cusco, y otros departamentos del sur alto andino, donde más del 50% de la población económicamente activa (PEA) depende de la agricultura. En la primera de las regiones, la producción de avena y cebada forrajera se ha reducido 90%, mientras en Cusco, principal productor papero del país, las siembras se han contraído 30%.

La caída de la producción tendrá un efecto adverso sobre la inflación, que ya venía cediendo, y devendrá en el incremento de precios de algunos de los productos más importantes de la canasta familiar. Esta impronta alcista afectará especialmente a los más pobres, aquellos que destinan mayor porcentaje de sus ingresos al rubro alimenticio.

El colapso productivo viene socavando los ingresos familiares de más de 2 millones de trabajadores en la agricultura de subsistencia. Recordemos que en la actualidad casi el 40% de estas familias viven en condiciones de pobreza (casi el doble que el de la población empleada en otros sectores), situación que se agravará en lo que resta del año, alentando la frustración y creando condiciones que podrían desembocar en una mayor exacerbación de la conflictividad.

No basta con Punche Perú para dinamizar el sector, sino que hace falta un programa de intervenciones integrales que aborden la emergencia, inyectando una cuota necesaria de estabilidad y consistencia al manejo sectorial (hemos tenido 9 ministros en menos de dos años). De lo contrario, no será posible revertir el colapso agrario y, menos aún, promover la paz social que el país tanto necesita para retomar la senda del crecimiento.