[OPINIÓN] Nelson Shack: “Obras por Administración Directa: una urgente problemática por resolver”

¿Son las obras por administración directa una mala práctica en la gestión pública? ¡Claro que no!, ya que estas son alternativas legítimas que la ley faculta a realizar sin la intervención de un tercero o privado. Obras que ejecutan directamente las entidades públicas con el concurso y experiencia de sus trabajadores, equipos y materiales, ya que de por medio está la atención de necesidades prioritarias en su comunidad o la respuesta inmediata ante una emergencia.

Legalmente, el gestor público puede decidir hacer una obra por contrata o hacerla por administración directa, pero ¿qué sucede cuando estas decisiones no responden o no se concretan con la oportunidad y efectividad que demandó tal decisión? Ahí estamos en un serio problema y la Contraloría General ya se ha pronunciado, porque muchas de esas decisiones no son las correctas.

El año pasado y, a casi seis años de su inicio, en Loreto se les ocurrió una peregrina idea, terminar la construcción y el equipamiento del nuevo hospital de Iquitos César Garayar García por la modalidad de administración directa. Me pregunto cómo van a asumir la construcción y el equipamiento de un hospital de categoría II, que, entendemos, se especializa y dedica a la atención ambulatoria, emergencia y hospitalización de la población, cuya intervención para concluirlo empezó costando más de 212 millones de soles, y que hoy se ha incrementado a cerca de 400 millones de soles, es decir, 188 millones más de lo proyectado, y aún no acaba.

Como el hospital Garayar, existen otras importantes obras que también se ejecutan bajo la administración directa de gobiernos regionales y locales, como la red vial departamental Moquegua-Arequipa con una inversión superior a los 817 millones; o el mejoramiento en la prestación de servicios educativos de la institución educativa Mirtha Jerí de Añaños, en Ayacucho, con una inversión de más de 42 millones de soles; así también el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en Pasco, a través de la ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuyo presupuesto actualizado es de 246 millones. Inversiones que no son pequeñas y que, por su complejidad, requieren el concurso y la supervisión de equipos especializados, por lo que recurrentemente y, tras las intervenciones de la Contraloría General, reciben las alertas y observaciones en su ejecución.

De manera reiterativa vemos que este tipo de obras terminan, en gran número, paralizadas. El último reporte emitido por la Contraloría General en agosto último revela que, de 2,010 obras paralizadas este año, 1,095 (54.5%) han sido ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. Precisamente, son los gobiernos regionales y locales los que tienen la mayor cartera comprometida, involucrando un monto de inversión superior a los 2 mil 608 millones de soles.

Por otro lado, en el Perú hay 231 mil inversiones registradas, y de ellas más de 175 mil están activas y presentan ejecución financiera. El 40% (41,474) de estas últimas se viene ejecutando por administración directa, con una inversión de casi 77 mil millones de soles.

Estos son solo algunos ejemplos de las malas decisiones en la gestión pública ante el desorden y falta de regulación existente en las obras por administración directa. Obras que seguramente están amparadas en alternativas legítimas, pero que, por su dimensión, complejidad y presupuesto, no son encaminadas correctamente.

En la vida práctica, la gestión regional y local (municipalidades) no cuenta con la capacidad logística ni profesional para hacerse cargo de intervenciones tan sensibles como hospitales, infraestructura educativa, sistemas de agua potable y alcantarillado, o importantes vías departamentales, porque terminan inconclusas o paralizadas, con incrementos significativos en los componentes y presupuestos por los errores en su proyección inicial, con serias deficiencias técnicas, ampliaciones o reprogramaciones de plazo, y claro está con informes de auditoría con las respectivas responsabilidades y perjuicio económico; pero lo más lamentable, ciudadanos perjudicados e insatisfechos en la desatención de sus necesidades prioritarias.

Ese es el desorden que persiste en este tipo de obras y que se extiende en todo el Perú. Las obras por administración directa son necesarias, son buenas, pero tienen que ser obras pequeñas, de no más de 4 millones de soles. Lamentablemente, no contamos con una adecuada regulación, por lo que revertir estos problemas demanda establecer normas que regulen el proceso en su capacidad de ejecución y administración de recursos, como lo propuso, mediante una iniciativa legislativa, la Contraloría General. Iniciativa que contó con amplia aprobación del Poder Legislativo, pero cuya autógrafa lamentablemente observó el Poder Ejecutivo, habiendo sido aprobada por insistencia por el Congreso de la República, por lo que confiamos en que su promulgación ayudará a resolver el problema y así poner freno a las significativas pérdidas al Estado y consecuente perjuicio al ciudadano.

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