[OPINIÓN] Nelson Shack: “Desafíos en la gestión de obras por administración directa”

La gestión directa de obras públicas constituye un desafío importante para la administración eficiente de recursos y la mejora en la prestación de servicios públicos. Los actores principales en este escenario son los gobiernos regionales y municipalidades de todo el país, porque enfrentan la creciente y esencial demanda de obras que son necesarias para la prevención, rehabilitación y mejoras en la infraestructura pública de sus regiones, provincias y distritos.

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de obras públicas por administración directa es una alternativa legítima facultada por la ley para llevarse a cabo sin la intervención de terceros o entidades privadas; es decir, son ejecutadas directamente por las entidades públicas, especialmente cuando se trata de atender necesidades prioritarias en la comunidad o de responder de manera inmediata ante una emergencia.

Al enfocar nuestra atención en las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, podemos observar que no necesariamente se distinguen por su efectividad y proactividad, según sus resultados. Al revisar el registro del Banco de Inversiones del MEF, se evidencia que, de las más de 40 mil inversiones que involucran algún componente de infraestructura mediante administración directa, tan solo el 26.5% fue concluido. Es evidente que este porcentaje refleja un problema significativo en el cierre de brechas y una deficiente provisión de los servicios públicos.

Por otro lado, el portal web de Infobras, que registra y permite un seguimiento integral de obras públicas a nivel nacional, muestra que, a noviembre pasado, existían más de 66 mil obras bajo la modalidad de administración directa, lo que equivale al 40.8% del total nacional de obras, con una inversión de fondos públicos cercana a los 93 mil millones de soles.

De este conjunto de obras en ejecución, el porcentaje de cierre físico por parte de las entidades alcanza el 63%, pero, en lo que respecta a la recepción y liquidación de las mismas, que representa el cierre definitivo de las obras, solo se ha reportado el 34%. Otra problemática recurrente, identificada tanto por la ciudadanía como por la Contraloría General en sus resultados de control, es la extensión de las fechas de ejecución, que alcanza el 95%. Lo más preocupante de esta situación es evidenciar que en el 83% de los casos se registra un promedio de ampliación de plazos superior a cuatro (4) años.

Como mencioné anteriormente en esta columna, abordar la problemática persistente en este tipo de obras requería el establecimiento de normativas que regulen el proceso en términos de ejecución y gestión eficiente de recursos públicos. En respuesta a esto, la Contraloría General, con la contribución de diversos actores vinculados al ámbito, tanto del sector público (Ministerio de Economía y Finanzas, gobiernos regionales y locales), la sociedad civil (incluyendo colegios profesionales de Ingeniería y Arquitectura), así como destacados especialistas de diversas universidades públicas y privadas, ha puesto en marcha la directiva que regula la “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”. Esta nueva directiva establece disposiciones que confiamos permitirán que las obras se lleven a cabo de manera eficiente y transparente, asegurando las mejores condiciones en términos de calidad, costo, oportunidad y bajo un adecuado control y mirada ciudadana.

La nueva regulación constituye un paso sumamente significativo en la ejecución de obras por administración directa. Proporciona a los gobiernos nacional, regional y local un nuevo marco normativo que aborda y regula diversos aspectos, como la preparación e inicio de la ejecución física de las obras, los requisitos para el perfil del personal clave, la obligación de realizar liquidaciones parciales y disposiciones para la aprobación de modificaciones, tanto significativas como no significativas. Además, establece pautas para el dimensionamiento adecuado del expediente técnico, con el objetivo de evitar los sobrecostos no sustentados que han sido problemas recurrentes que han opacado los resultados en este tipo de obras.

Un aspecto crucial que también deberá abordarse es el fortalecimiento de los recursos profesionales desde un enfoque equilibrado, especialmente en los gobiernos regionales y locales que gestionan obras mediante la modalidad de administración directa. Es imperativo cerrar el ciclo de manera integral; no solo se trata de regulaciones, ya que ahora ya están establecidas, sino también de garantizar la calidad y competencia de los gestores públicos. Así, hemos abordado las disposiciones normativas. Ahora, manos a la obra, el país nos exige acción y ejecución inmediata.

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