[OPINIÓN] Nelson Shack: “Corrupción e inseguridad: dos problemas perjudiciales para el país”

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI), titulado “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, ofrece una perspectiva clara sobre la opinión de la población respecto a los desafíos asociados con la gobernabilidad, la consolidación de la democracia y la confianza en las instituciones. El foco del problema se centra principalmente en la corrupción y la delincuencia, que continúan siendo los dos principales obstáculos que afectan nuestra tranquilidad y desarrollo.

No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. La situación actual, derivada de la falta de acción y compromiso integral por parte del Estado, conduce a la pérdida de confianza y a la normalización de prácticas perjudiciales en nuestra sociedad pues nos vemos obligados a aceptar las consecuencias como inevitables, desde proyectos inconclusos hasta contrataciones irregulares y demoras inexplicables en el cierre de brechas en beneficio de la población.

Un ejemplo palpable de esta problemática es la estimación de pérdidas por corrupción en la administración pública, que, según estudios revelados por la Contraloría General, asciende a más de 24 mil millones de soles al año. Esto se traduce en que 13 de cada 100 soles gastados a través del presupuesto público se pierden debido a los efectos de la corrupción e inconducta funcional anualmente.

La inseguridad, de manera similar, se ha convertido en parte de nuestra realidad cotidiana. Intervenciones en campamentos mineros con pérdida de vidas humanas, extorsiones, secuestros y robos diarios, así como la trata de personas, nos hacen sentir y estar vulnerables ante la creciente ola de criminalidad. Hoy nos encontramos inmersos en la preocupación por el secuestro de una menor de 12 años, clara evidencia de que la ola de criminalidad que nos afecta no puede ser ignorada ni minimizada. No podemos darle la espalda hasta que personalmente nos toque.

Veamos algunas cifras para dimensionar el problema. En el primer trimestre de 2023, según datos de la Policía Nacional del Perú, se registraron 26,652 robos, lo que equivale a un promedio de 296 robos al día. La lista de delitos más frecuentes abarca desde el hurto o robo agravado hasta el secuestro y la extorsión, que en el año experimentó un aumento superior al 50%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta es la realidad, la cual, refiero, no podemos normalizar.

La trata de personas —otra cruda realidad— es uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial y en el Perú se estima que esta actividad ilegal genera ingresos superiores a los US$1,300 millones al año.

Ambas situaciones, corrupción e inseguridad, deben ser vistas como las amenazas principales con profundas repercusiones sociales, económicas y políticas. Y deben comprometer no solo discursos, estados de emergencia sin acción y resultados concretos, sino políticas de Estado que orienten y evidencien su accionar y respondan a clamor de la sociedad si queremos restablecer, de manera sostenible, la confianza, el desarrollo y bienestar de peruanas y peruanos.

La corrupción y la inseguridad, como bien sabemos, son fenómenos distintos, pero están interrelacionados y tienen efectos perjudiciales. Debilitan las instituciones, afectan la economía, generan desigualdad social, fortalecen el crimen, entre otros.

En la actualidad, estamos experimentando de manera más palpable las consecuencias de estos fenómenos; por tanto, ya no es el momento para abordarlos con simples pinceladas. La inacción de las autoridades y funcionarios responsables de prevenir y enfrentar estos problemas debe de dejar de aumentar la impunidad y la sensación de desamparo en la ciudadanía. Nos enfrentamos a dos problemas tan perjudiciales que afectan directamente la vida de la gente e impiden que nuestro país retome la senda del crecimiento económico y el bienestar social.

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