"A manera de ejemplo, el presupuesto municipal por vecino en San Isidro es 20 veces más grande que el de San Juan de Lurigancho. Una diferencia de tal envergadura no debiera tolerarse dentro de la misma urbe".
"A manera de ejemplo, el presupuesto municipal por vecino en San Isidro es 20 veces más grande que el de San Juan de Lurigancho. Una diferencia de tal envergadura no debiera tolerarse dentro de la misma urbe".

Hace unos días, el alcalde metropolitano planteó una propuesta tan agresiva como sensata que ha pasado desapercibida en medio del caos político. Se trata de una reestructuración de la administración de nuestra capital que plantea migrar del esquema actual de 42 municipalidades distritales a uno de solo cinco. La iniciativa, que ha sido acordada con el Concejo Metropolitano y expuesta ante la Comisión de Descentralización del , tiene el objetivo de mejorar la gobernanza de Lima.

Aunque su concreción parece improbable en el corto plazo, es una propuesta sumamente conveniente por varios motivos. El primero tiene que ver con razones de eficiencia. Hoy cada distrito administra su propio serenazgo, sistema de recaudación, sistema de recojo de residuos sólidos, servicio de limpieza pública, entre otros. Este modelo no permite aprovechar las economías de escala. Si en lugar de tener 42 contratos de limpieza pública tuviéremos cinco contratos de mayor envergadura, se podrían obtener menores costos unitarios. Lo mismo para cualquier otro servicio público.

Pero los beneficios no se limitan a reducción de costos, existen además razones de efectividad. Pensemos en la seguridad ciudadana. Hoy diversos distritos tienen sistemas de videovigilancia a menudo desvinculados entre sí. Esto lleva a situaciones absurdas como la imposibilidad de hacer seguimiento a delincuentes o sospechosos cuando estos atraviesan la frontera distrital. Por ello, mientras más grande sea la jurisdicción, la efectividad de estos sistemas se potencia.

Otro motivo para apoyar la iniciativa tiene que ver con razones de planificación. Hoy cada municipalidad distrital otorga licencias de construcción y funcionamiento con criterios diferentes. Esto dificulta una planificación coherente y ordenada de la ciudad, sus usos y parámetros. Mientras menos instituciones tengan discrecionalidad al respecto, los resultados serán mejoras para los ciudadanos.

Un tercer argumento está vinculado a la inequidad. No es novedad que Lima está marcada por profundos contrastes, incluso entre distritos o barrios colindantes. La desigualdad en la distribución de ingresos de los ciudadanos se ve profundizada por las diferencias abismales en la calidad de servicios que reciben. Estas se explican en buena medida por la distribución de los presupuestos ediles. A manera de ejemplo, el presupuesto municipal por vecino en San Isidro es 20 veces más grande que el de San Juan de Lurigancho. Una diferencia de tal envergadura no debiera tolerarse dentro de la misma urbe.

En la medida en que zonas más diversas puedan integrarse bajo una misma jurisdicción municipal, las diferencias en recaudación y asignación presupuestal se tornarán menos pronunciadas y la inequidad –que es un sello de nuestra capital– se verá reducida.

En el mundo ideal, Lima debiera migrar hacia un modelo de un único gobierno municipal, como se observa en la enorme mayoría de grandes ciudades del mundo. Pero, dadas las complicaciones políticas y administrativas que un cambio tan drástico implicaría, la reducción del número de municipios parece una alternativa intermedia un tanto más viable.

Es evidente que la migración hacia un modelo de menos distritos encontrará gran resistencia. Surgirán preguntas como qué distrito se integrará con cuál, o incluso debates respecto al nombre que cada nueva municipalidad recibiría. Pero son obstáculos que podemos y debemos resolver si aspiramos a una Lima más viable. Los beneficios bien valen el reto.