[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Carnaval de desagüe

Por el día de san marketín, la PNP, que anteriormente ha tenido buenas ideas para sus redes sociales, nos sorprendió con la filmación en vivo de un operativo en que un efectivo, disfrazado de osito, capturaba a mujeres imputadas de comercializar droga. Que haya logrado impactar en redes y traspasado fronteras no lo hace una buena estrategia de comunicación. Desnuda una total falta de empatía con las prioridades en la lucha contra el crimen en el Perú de hoy. El caso de Guerrero, en cambio, reveló, no sólo la gravedad de la violencia en La Libertad, sino la precariedad de las estrategias para hacerle frente del gobierno central y regional. Un amigo trujillano me cuenta que el tema de pago de cupos tiene muchísimos años creciendo sin control. No es un tema que se pueda atribuir a la nueva ola de criminalidad, que la puede haber agravado, pero no la origina. Si el gobierno ya ha reconocido que las declaratorias de emergencia no han sido eficaces al sacar al general Angulo, ¿qué sentido tiene apelar a ellas como la gran estrategia para esta situación? Peor aún, ¿qué sentido tiene mantener al ministro del Interior cuando se cambian cuatro miembros del gabinete?

El ingreso de José Arista al MEF y Rómulo Mucho al Minem es una buena noticia. Ambos tienen larga experiencia en el sector público. Nadie que pase por el sector público sale libre de denuncias. Nos han endilgado la presunción de inocencia como justificación del nombramiento de impresentables en repetidas oportunidades, con acusaciones de terrorismo, homicidio, violencia familiar, etcétera. Sobran razones para hacerlo frente a personas que sí han demostrado méritos y logros profesionales. Eso no implica no exigir las explicaciones que correspondan, pero no se puede descalificar a alguien con experiencia pública por tener denuncias. Lo mismo ocurre con el nuevo embajador ante los Estados Unidos, Alfredo Ferrero, quien tendrá que protegernos probablemente de ímpetus proteccionistas en los próximos años. La polarización que el Perú vive todavía no nos lleva a nada bueno. Es necesario empezar a bajar decibeles y generar espacios que permitan lograr consensos mínimos entre gente preparada y bien intencionada, aunque haya discrepancias relevantes que incluso se hayan manejado de manera exacerbada en algún momento. Solo ese camino nos llevará a mejores discusiones y posibles espacios de consenso frente a la inmensidad de retos que tenemos en frente.

Las declaraciones de Villanueva tienen que ser esclarecidas, pero con la intención de separar la paja del trigo. En el camino seguirán percolando la sensación en la opinión pública de que todo está podrido, lo cual nos pone en una muy difícil situación para las próximas elecciones. En medio de este caos, hay algunos espacios e iniciativas de diálogo desde la sociedad civil que buscan mayor sensatez y cordura, pero enfrentan el riesgo de seguir la inercia de la polarización que nos ha venido desangrando desde hace años.

La Fiscalía enfrenta una crisis gravísima de legitimidad y su rol en la lucha contra la corrupción queda herido por posiciones que revelan el interés de meter en el mismo saco y narrativa a todos los que se pueda, sin prestar atención suficiente a argumentos sólidos y casos diferenciados, además de absurdos como acusaciones de 6 mil páginas.

Tendríamos que generar consensos para frenar este deterioro institucional, pero la espiral centrífuga nadie la quiere parar, aun cuando el olor a desagüe impregna todo. Destituir e inhabilitar a los miembros de la JNJ es una aberración. Se arguye que la edad límite es un hecho objetivo. Pero si fue discutido durante el proceso de elección, ¿cómo así no afecta a quienes la nombraron y conocían de la falta grave desde hace años? ¿Al Congreso que no cumplió su función fiscalizadora por varios años?