[Opinión] Evans Avendaño: “Crecimiento aeroportuario, pero con freno de mano”

A pesar del sostenido aumento del flujo de pasajeros a nivel nacional, la infraestructura aeroportuaria no ha ido a la par de dicho crecimiento. Si bien es cierto que dicho avance ha sido positivo en términos de mayores opciones de itinerarios, mejores precios, customización y calidad del servicio para los pasajeros, el retardo en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria genera restricciones en la capacidad aeroportuaria, lo que limita el potencial crecimiento del sector aerocomercial e impacta finalmente en el desarrollo y dinamización de las economías regionales que dichos aeropuertos atienden.

Independientemente de cómo las características particulares que el diseño de cada contrato de concesión configura la relación y procesos entre el sector público y privado, para el caso de los aeropuertos regionales en general creemos que las siguientes propuestas permitirían agilizar el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria regional de dichas concesiones que tienen la particularidad de ser cofinanciadas:

La simplificación de procesos. La solución consiste en consolidar y reducir la telaraña de aprobaciones, procesos y diferentes actores durante este camino, lo que otorga potestad y autonomía de decisión a la entidad o dirección pública competente para que el concesionario no se sienta muchas veces estar “en medio del sánguche”.

Tercerización. La revisión y evaluación integral de los proyectos de inversión pública desarrollados por los concesionarios aeroportuarios pueden ser realizados por empresas consultoras expertas en la materia. La gestión de estos procesos puede realizarse bajo el marco de PMOs, por sus siglas en inglés.

Una Junta de Resolución de Disputas. Con el objetivo de evitar paralizaciones durante la ejecución de las obras de infraestructura, la conformación de estas juntas de resoluciones de controversias durante las mismas es fundamental. No solo para la continuidad de las obras, sino para la minimización de gastos generales que surgen con motivo de dichas disputas en las obras entre los distintos actores involucrados.

Un cambio de esquemas de incentivos. A nivel sistémico, actualmente no se dan los incentivos para que los funcionarios tomen decisiones. Propiciar denuncias por acción y no solo por dolo, sin considerar que las decisiones se toman bajo un ámbito de información incompleta e incertidumbre, genera el incentivo perverso pero racional de la inacción en el sector público.

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