[OPINIÓN] Alfredo Torres: “La angustiante inseguridad”

La persistente inflación, la endémica corrupción, la escasa oferta de empleo son problemas que preocupan a muchos peruanos, pero, si hay uno que angustia especialmente, es la inseguridad ciudadana. El problema no es nuevo. Hace años que el Perú figura como uno de los países con mayor tasa de victimización por delincuencia en el mundo: uno de cada tres peruanos es víctima de algún delito al año, muy por encima del promedio de América Latina, que es uno de cada cinco. En la pandemia disminuyó, por las cuarentenas y el distanciamiento social, pero ya volvió a sus niveles pre-COVID-19.

Es cierto que la delincuencia en el Perú no ha sido históricamente violenta. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021 (aún no se conoce la tasa de 2022) fue de 7.8, por debajo de países más violentos como México (28.2), Colombia (27.5) o Brasil (24.1), pero lo que se ha conocido a través de la prensa es que los robos a mano armada y los crímenes relacionados con el sicariato, la extorsión y los asaltos vienen incrementándose.

Ante esta escalada, no es de sorprender que la ciudadanía esté insatisfecha con el desempeño de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, según un estudio de Ipsos para Perú21Foro. La cuestión es que no solo consideran los peruanos que no están haciendo bien su trabajo, sino que, preguntados sobre si su sesgo es hacia dejar en libertad a delincuentes o enviar a prisión a inocentes, la gran mayoría piensa que se inclinan hacia la lenidad. La Policía Nacional está algo mejor calificada: 29% piensa que hace bien su trabajo, 53% que suelta delincuentes y 14% que encierra a inocentes. En cambio, solo 13% cree que la Fiscalía hace bien su trabajo, 60% piensa que suelta a delincuentes y 23% que envía a prisión a inocentes. Y, en el caso del Poder Judicial, 17% cree que hace bien su trabajo, 53% que suelta a delincuentes y 19% que condena a inocentes.

En ese contexto, ya algunos analistas han empezado a especular si estarían dadas las condiciones para el surgimiento de un Bukele peruano, a semejanza del ahora popular presidente de El Salvador. Como se sabe, Bukele se precia de haber enviado a prisión a 69,000 pandilleros en sus cuatro años de gobierno y de haber reducido la tasa de homicidios de 53 por cada 100 mil en 2018 a 7.8 por cada cien mil en 2022. Diversos organismos internacionales lo acusan, sin embargo, de desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y más de 150 presos fallecidos por torturas, así que no es un buen ejemplo a seguir, pero la opinión pública salvadoreña lo premia por el momento con índices de aprobación superiores al 80%.

Sin llegar al riesgoso extremo del modelo salvadoreño, está claro que los peruanos esperan más de sus fuerzas policiales y de su sistema judicial. Eso supone mayores presupuestos, pero también procesos más eficientes y céleres, mejor articulación y lo que la ciudadanía más reclama: combate implacable contra la corrupción entre sus integrantes.

Pero también se requiere invertir en el sistema penitenciario. En El Salvador viven 6.3 millones de personas. En el Perú, 33 millones. Si en el Perú se apresase una proporción similar de delincuentes que en El Salvador, se requerirían cárceles para 370 mil personas, el cuádruple del número de internos que hay actualmente en el país. Se requieren más cárceles, pero también facilitar el uso de tobilleras o brazaletes electrónicos, con geolocalizador, para presos sin sentencia (40% de la población penal), o delincuentes primarios de delitos no violentos. El Congreso debería estar estudiando estos temas en lugar de incurrir en el reiterado simplismo del aumento de penas que nunca resultan disuasivas para los delincuentes más avezados.

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