[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Las casi 10 mil razones de doña Inés…”.
[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Las casi 10 mil razones de doña Inés…”.

-Esta obsesión —ya sinvergüenza— de la exintegrante de la JNJ Inés Tello de intentar atornillarse en su tan bien remunerado cargo (casi US$ 10 mil al mes) no deja de parecerse cada vez más al caso del fiscal de la Nación José Miguel Cavero Egúsquiza, que se resistió con todo a dejar su función al cumplir 70 años, que era la edad de cese en esa época para su puesto. Esto sucedió en 1984, en los años finales del segundo belaundismo, y el Congreso tuvo que promulgar una norma interpretativa para que el buen señor se retire. Cavero Egúsquiza había sucedido como fiscal de la Nación a Gonzalo Ortiz de Zevallos, que fue el primer titular de ese flamante Ministerio Público que se había desligado totalmente del Poder Judicial merced a la C-79, y a su vez Cavero Egúsquiza fue reemplazado por Álvaro Rey de Castro (es que comparas a Pablo Sánchez o Zoraida Ávalos con juristas de la talla de Ortiz de Zevallos, Rey de Castro o el mismo Cavero Egúsquiza y lloras). Esa pataleta le funcionó en parte a Cavero Egúsquiza, pues este fue elegido diputado por el APRA en 1985.

-Tal parece que a Dina Boluarte la han ampayado usando un Rolex, que es uno de los relojes más caros del planeta (y el más demandado por los ladrones). Me imagino que la izquierda le armará la bulla que no hizo cuando Correo, en 2009, reveló que el entonces líder opositor zurdo Ollanta Humala ostentaba un menos caro pero exclusivo Tag Hauer en su muñeca. A Ollanta eso no le hizo mayor daño porque si la caviarada te apoya se te perdona todo y ya gran parte del “electarado” se había encaprichado con él. Pero Dina ya es bastante impopular, especialmente entre la caviarada, y le puede suceder lo mismo que a Nadine cuando a esta se le ocurrió posar en la portada de una revista con atuendos caros y se incineró.

-El funcionario Javier Ricardo Documet Pinedo (Indecopi) se burló ayer de la disposición del OSCE respecto a la prohibición de colocar avisaje estatal en La República. El OSCE y la Contraloría tienen la palabra.

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