Mucho chaleco

El anuncio que, al principio de la semana, hizo el ministro del Interior, Carlos Morán, sobre el retiro de la seguridad policial que resguardaba a los congresistas, con el transcurso de los días fue levantando una modesta pero significativa polvareda de comentarios encontrados. Comenzando por el del presidente Martín Vizcarra, que a las 24 horas encogió la decisión de su ministro a “propuesta en evaluación”.

Lo cierto es que Morán ha tocado un punto sensible, pero en modo alguno incuestionable, pues, de oficializarse la medida, implicaría el retorno a las calles de unos 400 efectivos que en adelante se dedicarán a la seguridad ciudadana, que, como andan las cosas, no puede darse el lujo de despreciar un refuerzo de semejante magnitud.

El resguardo de altos funcionarios, por otro lado, en muchos casos imprescindible, ha llegado a extremos poco justificables. Que 22 agentes protejan al presidente del Poder Judicial, por ejemplo, suena bastante exagerado, por decir lo menos. Como los 7 efectivos que se ocupan de la seguridad del exdirector general de la PNP, Richard Zubiate.

Todo lo contrario del fiscal José Domingo Pérez, que cotidianamente, tanto él como su familia, están expuestos al hostigamiento de vocingleras y violentas pandillas fujimoristas, como la autodenominada La Resistencia. Pérez cuenta con 16 policías para su custodia y se entiende perfectamente, pues además ya ha sufrido agresiones directas.

Si entre autoridades y congresistas hay hasta 864 policías asignados a su servicio, pues la cifra cuando menos resulta alarmante. De ahí también que haya sido loable que en los días siguientes a la “propuesta” de Morán, los ministros del gabinete dieran el ejemplo pidiendo que se les reduzca la escolta adicional a sus resguardos habituales –las “seguidoras”– tanto como otras autoridades, como el contralor Nelson Shack o el propio Lecaros, que de inmediato solicitaron racionalizaciones semejantes en su personal de seguridad.

Lejos de ser anecdótico, el tema da para estudiarlo a fondo, antes de ser puesto en práctica, pues tampoco se puede desproteger de buenas a primeras a funcionarios que, por razones de su investidura o trabajo contra el crimen, viven bajo la amenaza permanente del narcotráfico o la corrupción.