Maduro, saldo de terror

El balance realizado el último martes por las organizaciones de derechos humanos sobre los 10 años de gobierno autocrático de Nicolás Maduro es escalofriante. Este solo motivo debería bastar para que los ciudadanos venezolanos que participarán en los comicios del próximo 28 de julio reaccionen y, con su voto, echen del poder al chavista.

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Las cifras son macizas y dramáticas: más de 10 mil ejecuciones extrajudiciales, 1,652 casos de torturas y unos 15 mil arrestos políticos, según las ONG que alertan sobre este escalamiento represivo. Si a alguien le quedaban dudas de que en la tierra de Bolívar hay una pseudodemocracia que camufla un autoritarismo tan desalmado como corrupto, este macabro registro es transparente.

De democracia, únicamente un cascarón para intentar mitigar el aislamiento internacional en que se encuentra Venezuela y, desde luego, confundir a la menguante ciudadanía que todavía no ha hecho maletas y ha huido del país en busca de otros horizontes que le permitan salir de la pobreza.

Unos días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había acusado al Estado de Venezuela de violar “sistemáticamente” los derechos humanos con la finalidad de “desalentar la participación política”, a puertas de las próximas elecciones. Una acusación directa y sin medias tintas que grafica la pantomima electoral que se llevará a cabo.

Recordemos que la exdiputada y lideresa de la oposición, María Corina Machado, fue excluida de la carrera presidencial por unas leguleyadas que el gobierno chavista a todas luces ordenó tras bambalinas. De ahí que el informe de la CIDH se refiera, textualmente, a las sanciones impuestas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, que violan “estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.

Eso en lo que respecta al proceso electoral, pero la responsabilidad de Maduro y sus cómplices en las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que consignan dos organismos de derechos humanos y un foro de expertos de las Naciones Unidas, es más grave aún. La represión que se ejerce contra cualquiera que se atreva a disentir públicamente de las políticas oficialistas es feroz y sostenida.

Aunque tampoco se descarte un nuevo fraude en el conteo de votos, a los venezolanos no les queda más que aprovechar los resquicios democráticos que el dictador se ve obligado –por la presión internacional– a permitir aunque sea formalmente.

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