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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El fiscal ad hoc del caso Odebrecht, Hamilton Castro, rechazó el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para incautar los activos de la empresa y congelar sus cuentas, como ha sucedido en otros países ante el mismo caso. El procurador Amado Enco encuentra inexplicables la respuesta y proceder de la Fiscalía y evalúa presentar medidas legales para obligar al Ministerio Público a ser más "drástico".

La Fiscalía celebró un contrato con Odebrecht por medio del cual la empresa se comprometía a allanarse y satisfacer los requerimientos de información del Ministerio Público y al pago de S/30 millones como adelanto de reparación civil. El contenido específico de ese acuerdo es, según la Fiscalía, de carácter reservado y tampoco es conocido por la Procuraduría. Empieza, por todo esto, a ser muy raro el por qué no se ha actuado así en el Perú.

También es raro que todos los personajes que están siendo buscados o que han sido detenidos hasta ahora con la colaboración de Odebrecht tienen que ver con el mismo caso (el tren, relativamente pequeño comparado con las IIRSA o el gasoducto) y que son cercanos y viejos colaboradores de Enrique Cornejo, quien hasta la semana pasada postulaba a la Secretaria General del Apra, en claro desafío a Alan García.

Se vuelve más raro todavía si nos fijamos en quién escoge qué información recibe la Fiscalía: la abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño. Antes de trabajar para los brasileños, Carreño fue integrante de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales que recomendó a Alan García otorgar los narcoindultos. Facundo Chinguel fue preso y Aurelio Pastor dejó de ser ministro, pero Carreño se quedó en la comisión.

Todos los que caen comprometen al enemigo de Alan y ella es quien le da los nombres a la Fiscalía. Raro, ¿no?