Fiscales: Mucho pan que rebanar

Como si no tuviéramos suficiente con la grave situación de salud, social y económica a causa de la pandemia y la corrupción, al bombardeo noticioso de las mañanas sobre el Vacunagate y la ineficiencia del gobierno para proveer de oxígeno a ciudadanos que en la práctica fallecen asfixiados, se suma ahora una bronca de fiscales que promete ponerse más picante, para decepción de todos los peruanos.

Acostumbrados a ver desde 2018 la armoniosa y aparentemente tranquila relación entre los fiscales que tuvieron la responsabilidad de acusar a jueces, empresarios y políticos, como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos, vimos con preocupación un inusual deterioro en las relaciones entre magistrados del caso, que terminó con la separación de sus cargos de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Esta lucha de magistrados echa sombras sobre la imparcialidad, idoneidad y pertinencia de sus acciones.

Lo que se sabe es que, en julio de 2018, las fiscales Sánchez y Castro sostuvieron una reunión inusual e impropia con el expresidente Martín Vizcarra, según Sandra Castro a pedido de Rocío Sánchez (que niega esta versión), para hacerle conocer los temores sobre su seguridad y que no hablaron sobre detalles del caso Cuellos Blancos. Hay que anotar que el señor Vizcarra ya aparecía como implicado en este caso, por su relación (negada al principio) con Antonio Camayo.

La versión de las fiscales es, por decir lo menos, un argumento débil y poco creíble en razón de que tenían mecanismos más eficaces y sin menor compromiso para obtener medidas de seguridad para su protección personal, que recurrir al presidente, más aún si esta diligencia no está contemplada en su manual de procedimiento. Las investigaciones revelarán cuáles fueron esas medidas que el presidente adoptó para cumplir con su pedido de seguridad personal que solicitaron.

Este hecho podría ser el hilo de la madeja que relacione la actividad irregular del presidente Vizcarra, de algunos fiscales como su vecina Sandra Castro, el uso político de información privilegiada (audios, videos, resoluciones) de asesores de palacio como Óscar Vásquez (fuertemente vinculado a medios de comunicación) y cómo habría beneficiado a las intenciones políticas del propio Vizcarra.

Espero, por el bien del país, que ninguno de los actos (oficiales y no oficiales) de las fiscales confrontadas afecten la legitimidad y legalidad de los procesos que se iniciaron contra organizaciones criminales enquistadas en los poderes del Estado, y que no se haya construido una estructura corrupta para combatir la corrupción, porque sería nefasto para los procesos en curso y les daría ventaja a los delincuentes de Los Cuellos Blancos que aún no reciben una condena.