(GEC)
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Los colectiveros se sienten empoderados para bloquear calles y paralizar Lima porque el sistema formal de transporte no funciona. Mientras la gente los necesite en el día a día, va a ser difícil retirarlos, más aún con la demostrada incapacidad de fiscalización en los distintos niveles de nuestro Estado endeble.

No es que los limeños tengamos muchas opciones para movernos dentro de la ciudad sin perder el día, sobre todo en distancias largas donde un trayecto puede tomar más de dos horas. Algunas personas que viven en Comas o Chosica, por dar dos ejemplos, no tienen otra opción que usar un colectivo ilegal para cumplir con sus horarios de trabajo y, simultáneamente, dedicarle tiempo a la familia. La crisis de los colectiveros, por eso, no es solo una consecuencia de la ineficiente fiscalización y el caos extendido, sino, y antes que todo, el síntoma más visible de que el sistema formal de transporte no funciona.

Si en algo coinciden distintos estudios sobre transporte informal, es que este existe donde el formal no ha sido capaz de cubrir las necesidades de la gente. Para entenderlo mejor, veamos el problema desde la perspectiva del usuario: existe una demanda insatisfecha en busca de una oferta. Y estamos ante un servicio esencial. Quién cubre esa demanda es la raíz del asunto.

La fiscalización contra los colectiveros es fundamental, sobre todo si hay riesgo de accidentes en el medio, pero es insuficiente. Si de un día a otro retiramos los colectivos, ¿cómo hace alguien que los usa todos los días para llegar a tiempo en la mañana al trabajo y en la noche a ver a sus hijos? Sin alternativas, se castiga al usuario.

La receta es conocida, pero aquí va de nuevo: la única forma de enfrentar esa informalidad es asegurando un transporte público de calidad y a bajo costo.

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