López Aliaga afirma que el 29 de julio tomará control de los peajes

El 29 de julio vencen los 180 días de la decisión unánime adoptada por el Concejo Metropolitano de declarar la caducidad del contrato con Rutas de Lima.

Así lo confirmó la mañana del martes 25 de julio el burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, quien señaló que espera que a las doce de la fecha pactada, la mencionada compañía devuelva a la ciudad los que él ha denominado “los peajes de la corrupción”. De lo contrario, aseguró, “tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos” para “recuperarlos”.

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El alcalde afirmó que a las personas más pobres que viven en los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y Carabayllo, “se les impone, prácticamente, un peaje por salir de sus casas”. Refirió que esto es una injusticia “que nace de un contrato nulo en su origen, nulo en su contenido. Su contenido arbitral es nulo. En esa ruta estamos”.

Al respecto, la empresa indicó, a través de un comunicado, que “en respuesta a la ilegal declaratoria de caducidad del contrato de concesión y en estricto cumplimiento de lo previsto en el marco constitucional, legal y contractual, Rutas de Lima sometió dicha decisión a un arbitraje a cargo de un Tribunal Arbitral Internacional”.

Recordó que esta instancia otorgó una medida cautelar y ordenó a la comuna capitalina que suspenda el proceso de caducidad durante el trámite del arbitraje y que se abstenga de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto, lo que viene siendo desacatado.

“Invocamos a todas las autoridades a proteger el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la inversión privada, dentro del ámbito de sus competencias, ante los intentos de la Municipalidad de Lima de apoderarse indebidamente de la inversión de Rutas de Lima”, acotó.

TENGA EN CUENTA

• Rutas de Lima recordó que el Poder Judicial señaló que la solicitud de medidas cautelares ante cortes peruanas es improcedente respecto a una disputa sometida a arbitraje internacional.
• Asimismo, exhortó a las autoridades que velen por el Estado de derecho.

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