Congresista Alejandro Soto ha presentado 14 querellas contra periodistas

“¡Sin periodismo libre, no hay democracia!” fue la frase con la que el congresista Alejandro Soto culminó un saludo en Facebook por el Día del Periodista, el 1 de octubre de 2022. Pero no mencionó algo. Para ese momento, ya había querellado a dos hombres de prensa de su natal Cusco que se atrevieron a criticar su trabajo. Al fiel estilo de su líder César Acuña.

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Y no serían las últimas, pues el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) ha interpuesto un total de 14 querellas a periodistas que osaron mencionarlo en algún reportaje o programa de televisión. De las 14, cuatro son contra Miguel de la Cruz (Qosqo Times); cuatro contra Ronald Calvo (Qosqo Times); tres contra Karerina Bayona (CTC TV); una a Víctor Gutiérrez (CTC TV); y una respectivamente para Yessica Bazalar y Carlos Carrillo de Cusco en Portada.

En la mayoría de casos, el legislador no les dio chance para que puedan rectificar sus publicaciones; por el contrario, les inició hasta cuatro procesos judiciales sin dejar lugar a la enmienda.

Soto Reyes conoce de cerca la labor periodística, pues fue conductor en la Compañía de Televisión Cusqueña (CTC TV), canal al que pertenecen dos de los periodistas demandados en febrero y mayo de este año.

Durante más de dos décadas estuvo al mando de ‘Ronda Política’, uno de los programas más vistos de la señal del sur. Una de sus emisiones se viralizó tras entrevistarse a sí mismo cuando postulaba al Congreso de la República.

QUERELLA TRAS QUERELLA

Son seis los periodistas que publicaron historias críticas hacia la gestión que realiza en el Congreso Alejandro Soto. La fiscalización de la prensa parece haber enfurecido al vocero de APP, quien no dudó en responder con una querella tras otra.

Dos de estas datan del 18 de octubre de 2021, cuando Soto Reyes llevaba menos de tres meses en su labor dentro del Palacio Legislativo. Inició procesos por difamación a los periodistas Yessica Bazalar y Carlos Carrillo de la radio Cusco en Portada. Hoy el caso se encuentra en la sede central del 5to Juzgado Penal Unipersonal.

Dos fueron los más empapelados. Uno de ellos es Miguel de la Cruz, periodista del portal Qosqo Times, quien realizó una nota crítica a los cinco congresistas elegidos por su región. Según mencionó, no visitaban sus tierras durante la semana de representación.

Soto Reyes también denunció a De la Cruz porque el 3 de abril último se atrevió a difundir que el parlamentario tiene una acusación fiscal por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. El expe­diente judicial N° 04793-2018-91- 1001-JR ya tuvo una primera audiencia a la que Soto asistió virtualmente, mientras que la segunda se suspendió hasta el 21 de julio próximo.

“Él lo que quiere es no tener mayores críticas en la región Cusco, principalmente porque nuestro medio maneja muchas redes sociales y eso a él no le gusta”, mencionó a Perú21 De la Cruz, para quien Soto pide prisión efectiva de dos años y cuatro meses.

DIRECTO A LA CÁRCEL

El congresista Soto Reyes, quien votó a favor de la ‘Ley Mordaza’ en primera votación y luego rectificó su voto cuando se archivó el dictamen, señaló a este diario nunca haber tenido antecedentes judiciales. Pero según el registro del Poder Judicial, el abogado enfrenta como querellado cinco procesos que se encuentran en el juzgado o en evaluación de un especialista. Pese a ello, el legislador negó tener casos en curso.

Aseveró que los periodistas querellados no se comunicaron con él antes de difundir la información y que algunos de ellos reincidieron, motivo por el que no les envió una carta notarial para darles la oportunidad de que se rectifiquen.

“El proceso que se me inició no es por estafa. Es por fraude en la administración de personas jurídicas y ya ha sido archivado por el Cuarto Juzgado de investigación penal”, aseguró.

Veintidós años de incursión en el trabajo periodístico parecen no haber sido suficientes para que Alejandro Soto sepa lo que implica la libertad de prensa y la labor fiscalizadora que ejerce esta.

EL AMEDRENTAMIENTO, UNA PRÁCTICA COMÚN

Durante los últimos años, diversos políticos y funcionarios con altos cargos han aprovechado su poder para intentar silenciar a periodistas que ejercen su labor de manera crítica.

Según el abogado Roberto Pereira, está comprobado que las personas con poder económico y político inician procesos por difamación para mandar un mensaje de censura.

“Lo que se busca es no necesariamente condenar a los procesados, sino hacerlos transitar por desgastes, gastos económicos y más, lo cual distrae al periodista de su trabajo fiscalizador”, mencionó.

Es importante señalar que no solo el querellado tiene que invertir en una defensa legal para defenderse en el proceso, sino el propio demandado gasta altas sumas dinero.

Pereira alegó a este diario que los procesos por querella pueden costar entre S/5 mil y S/ 10 mil sin contar los aranceles, los cuales dependen de la cuantía de la reparación civil.

Por su lado, la abogada penalista Romy Chang aseveró que, si el monto que el agraviado solicita como reparación civil es alto, entonces los montos que pagan para interponer la querella también lo serán.

“Un buen abogado podría cobrar no menos de US$5 mil por cada querella, que incluye el procedimiento sin contar los aranceles”, mencionó Chang.

La CIDH resolvió en febrero de este año en el caso Baraona Bray contra Chile que el solo procesamiento penal de los periodistas como consecuencia de la difusión de discursos resulta contrario a la libertad de expresión.

CONGRESISTA ALEJANDRO SOTO RESPONDE

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