Reformas y contrarreformas: régimen económico

El Congreso 2020-2021 nació de una de las peores crisis políticas de nuestra historia reciente. Luego vino la pandemia del COVID-19, y las pocas acertadas medidas del Gobierno para enfrentarla, que evidenciaron las grandes precariedades del Estado peruano.

En ese contexto de convulsión y descontento, los actuales parlamentarios, en busca del aplauso fácil, se empeñaron en presentar una serie de proyectos de ley, la mayoría de corte populista, otros tantos con poco sustento técnico y un puñado abiertamente inconstitucionales. En esta vorágine legislativa, varias bancadas buscaron ir más allá incluso: cambiar el régimen económico de la Constitución, al que culpan de todos nuestros males.

Pero lo cierto es que los datos, los hechos y la evidencia señalan que este capítulo de la Carta Magna de 1993, compuesto por 31 artículos, nos permitió alcanzar la estabilidad macroeconómica, que es un cimiento crucial para transitar el camino hacia el desarrollo.

Gracias a este régimen, el Perú alcanzó en los últimos 30 años altas tasas de crecimiento económico, impulsado en gran parte por el contexto internacional, donde los precios de las materias primas experimentaron sus niveles máximos en varias décadas.

A la fecha, además de los 12 proyectos de ley (del Frente Amplio, UPP, Acción Popular y Nueva Constitución) que buscan un nuevo texto constitucional, existen otras 15 iniciativas para modificar parcial o totalmente el régimen económico. Desde implementar el control de precios, pasando por eliminar los contratos ley, hasta promover la actividad empresarial del Estado, las iniciativas presentadas por Descentralización Democrática, Frepap, Nueva Constitución, Somos Perú, Frente Amplio, Unión por el Perú, Podemos Perú y Alianza por el Progreso podrían significar un grave retroceso para el país.

Sin embargo, no toda reforma es negativa. Ejemplo de ello es el dictamen de los proyectos 2738/2017-CR, 5263/2020-CR, 5492/2020-CR, 5497/2020-CR y 5661/2020-CR del pasado 12 de mayo. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen, que será discutido eventualmente en el Pleno, para que, en caso de emergencia sanitaria, el Estado priorice el abastecimiento y acceso de la población a medicinas, insumos y dispositivos médicos, reduciendo sustancialmente las barreras existentes, dinamizando el mercado y agilizando la satisfacción de las distintas necesidades.

Sea como fuere, el régimen económico ha demostrado ser una piedra angular para los avances y mejoras que logró el Perú en los últimos 30 años. Bajas tasas de inflación, manejo responsable y predecible de la política fiscal y respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central fueron claves para reducir el déficit fiscal y la deuda pública. Todo ello permitió, además, incrementar la inversión privada y pública, mejorar la recaudación de impuestos y otros indicadores que muestra la tabla que acompaña este informe. Las reformas son necesarias, pero siempre apuntando hacia adelante y a construir sobre lo que hoy tenemos.

Sobreoferta legislativa de poca calidad y mucho ruido

Con apenas 16 meses en el cargo, este Congreso nacido en las elecciones complementarias de enero de 2020 se ha caracterizado por ser particularmente populista, tanto por las intervenciones de sus parlamentarios como por los proyectos de ley aprobados con especial celeridad. Esto sin contar las leyes cuestionadas y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, que han marcado una tendencia peculiar en la práctica legislativa.

Pese a haber ejercido por poco menos de la mitad de tiempo que el Congreso disuelto (que estuvo en funciones 37 meses), el actual Parlamento ha presentado, hasta el pasado viernes 18 de junio, el equivalente al 63.5% de los proyectos tramitados por su antecesor. Es decir, en casi 21 meses menos, los legisladores que dejarán su curul el próximo 28 de julio han presentado un promedio de 192.6 proyectos por mes frente a los 131 que tramitaban en el mismo tiempo sus colegas disueltos.

Los intentos por cambiar la Constitución

El pasado 8 de junio, la Comisión de Constitución del Congreso puso en agenda la sustentación de ocho de los 12 proyectos que buscan darle viabilidad a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, algo que no está contemplado en nuestro actual marco jurídico.

Este despropósito es impulsado casi en su totalidad por bancadas de izquierda (Unión por el Perú, el Frente Amplio y Nueva Constitución), pero sumiría al Perú en la incertidumbre, paralizaría al país al menos dos años y frenaría la reactivación económica.