Operadoras móviles sobre eliminación de venta itinerante: “Es una barrera burocrática ilegal”

Luego que Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) otorgara un plazo para que operadoras de telefonía móvil cesen la venta de equipos y contratación de servicios en la vía pública, las empresas Claro, Bitel y Entel, a través de un comunicado, evidenciaron malestar por la medida.

"Coincidimos y estamos comprometidos en la necesidad de combatir a las mafias de suplantación de identidad y a personas inescrupulosas que atacan al sector (...) El problema no se solucionará con la eliminación de un mecanismo de venta legítimo, masivo, inclusivo y digital. Por menos del 1% de personas inescrupulosas, se dejaría sin empleo al 99% restante, y se generaría una barrera burocrática ilegal e irracional", se lee en el comunicado.

En el comunicado detallan las acciones que han implementado y que han reducido los casos de suplantación de identidad.

• Identificación de la persona responsable de la venta.
• Restricciones comerciales a la venta por cliente.
• PIN de seguridad de portabilidad.

Sin embargo, proponen "nuevas acciones adicionales que permitan combatir el fraude e identificar claramente la responsabilidad directa de cualquier intento de suplantación".

1. Exigir la huella digital del vendedor responsable en cada venta. De esta manera no solo el cliente tiene la obligación de identificarse biométricamente sino también el vendedor que tramita la venta o renovación de chip.
2. Limitar la venta de chips en vía pública a una línea por mes por cliente. Si el cliente requiere más de una línea deberá acudir a una tienda del operador.
3. Mejorar el proceso de entrega de información de las características del producto contratado por el cliente.
4. Exigir sanciones ejemplares contra las personas identificadas como promotores del fraude.

Invocaron que se realice una mesa de trabajo plural para la implementación de estas acciones y en la que esperan que participen el Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Interior, Osiptel, las empresas operadoras y los principales gremios.