Nuevo alcalde, ¿nueva Lima?

Por Asociación de Contribuyentes

El pasado domingo, Rafael López Aliaga asumió la Alcaldía de Lima para el período 2023-2026, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Municipal de la capital peruana.

López Aliaga recalcó su compromiso de impulsar sus 105 propuestas divididas en 10 ejes principales, que a su vez demandarán “un shock de inversión” por US$1,000 millones: US$500 millones de ellos, provenientes de recursos generados por la misma alcaldía, y otros US$500 millones que conseguirá por medio de préstamos a largo plazo.

Respecto a los primeros US$500 millones, el nuevo alcalde indicó que podría conseguirlos mediante la “reingeniería total”, una estrategia que apunta a reestructurar partidas presupuestarias y habilitar recursos que actualmente se encuentran comprometidos bajo condiciones aparentemente dudosas.

Sobre ello, comentó que aspira a contar con S/500 millones correspondientes a compromisos por cobrar. Otros S/400 millones se obtendrán al aclarar mediante Contraloría unos supuestos despilfarros de recursos públicos por presuntos fraudes en renovaciones de contratos por tiempo indeterminado, que estarían beneficiando ilegalmente entre 3,000 y 4,000 trabajadores.

Por último, López Aliaga también denunció que S/200 millones fueron a parar a “empleados fantasmas”, algo que la anterior gestión no tardó en responder, argumentando que son funcionarios que realizan trabajo remoto.

A la espera de que las autoridades resuelvan las denuncias emprendidas por el nuevo alcalde, evaluemos sus promesas. Si busca apalancar US$500 millones por vías del financiamiento multilateral, parece poco realista. Al respecto, hay que considerar que la deuda total de la Alcaldía asciende a S/1,872 millones, cifra que supera el promedio del total de los ingresos anuales de los últimos 4 años, situado en S/1,168 millones, factor que llevaría a la gestión a incumplir las reglas fiscales impuestas por ley.

De hecho, el servicio de la deuda a la actualidad representa un 14.4% del presupuesto público de 2022, mientras que en 2019 representaba apenas un 11%, por lo que, un nuevo financiamiento sería inviable. Esto, ojo al piojo, hay que reclamárselo a los anteriores alcaldes, en especial a Jorge Muñoz, el invisible alcalde de Lima. A ello, hay que agregar que el nivel de clasificación de riesgo de la municipalidad de Lima fue rebajado por la agencia Fitch Ratings en octubre del año pasado, pasando de BBB+ a BBB, elemento que haría más difícil esta opción. También se lo debemos agradecer a Muñoz.

De esta forma, es evidente que la situación real de Lima Metropolitana es más compleja. Lo ideal sería reducir el actual porcentaje de gasto corriente, que se sitúa en un 73% sobre el presupuesto anual, para así hacerle espacio a la inversión pública que hoy cuenta con apenas un 12%.

En conclusión, para lograr ese sueño de “Lima potencia”, será necesario modificar la asignación de partidas en una relación 20-80, es decir, 20% de gasto corriente y 80% de inversión pública, tal como sucede en las capitales más importantes del continente. Sin embargo, la ley general de presupuesto establece que la programación se hace de manera multianual, donde Lima se sujeta al programa de presupuesto de inversiones para el periodo 2023-2025, restringiendo así la capacidad de maniobra de López Aliaga, limitada además por los compromisos ya asumidos en gasto corriente y endeudamiento. Veremos qué puede hacer.

PLAN B: Ampliemos nuestras competencias

Tal como lo intentó el exalcalde Romero, López Aliaga también buscaría obtener la condición de gobierno regional para así ampliar las competencias y gestionar presupuesto en educación y salud, recursos que permitirían mejorar la limitada situación económica del nuevo gobierno.

Sobre el tema, López Aliaga comentó que esperará una norma aclaratoria proveniente del Congreso de la República -gestión que actualmente está en trámite- para que esta resuelva la ausencia de un marco jurídico en este concepto.

“Al ser gobierno regional, pediremos de inmediato las competencias en educación y salud. Lo haremos más eficiente que el gobierno central para esos dos grandes aspectos”, expresó.

De no lograrlo, la capacidad de gestión de López Aliaga se vería limitada a tan solo la articulación permanente con el gobierno central, con el Congreso y con otras instituciones como la Policía Nacional.