De aprobarse este dictamen, el nuevo plazo vencerá en marzo de 2025. Con lo cual, para los especialistas, las iniciativas planteadas son lesivas para los intereses del país. (FOTO: GEC)
De aprobarse este dictamen, el nuevo plazo vencerá en marzo de 2025. Con lo cual, para los especialistas, las iniciativas planteadas son lesivas para los intereses del país. (FOTO: GEC)

Hoy la Comisión Permanente del Congreso debatiría el dictamen de los cuestionados proyectos de ley (2172/2021-CR, 2519/2021-CR y 3621/2022-CR) que plantean extender por 90 días adicionales el plazo para la inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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A fines de 2021, este mismo Congreso había aprobado la extensión del plazo de registro hasta el 31 de diciembre de este año. De aprobarse este dictamen, el nuevo plazo vencerá en marzo de 2025. Con lo cual, para los especialistas, las iniciativas planteadas son lesivas para los intereses del país, al promover la minería ilegal con todos los riesgos que entraña, por el avance de la degradación ambiental y la criminalidad organizada.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Góbitz, manifestó a Perú21 que extender el plazo de inscripción al Reinfo “es una pésima señal”, porque “no se estaría entendiendo el problema que hay detrás de la minería ilegal”.

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“Hay que darle trazabilidad a toda la cadena productiva. (…) Si ese componente de buscar una solución de fondo no se establece, la extensión del plazo de inscripción simplemente no tendrá un objetivo y estamos generando un sistema que promueve la actividad ilegal y que se ‘formaliza’ con el Reinfo”, aseguró.

Explicó que, actualmente, el Perú produce alrededor de 3.2 millones de onzas de oro de manera formal, pero que en Aduanas se registra una exportación de 5 millones de onzas, lo cual demuestra que hay “una actividad (ilícita) medianamente registrada”. Dijo que a esto se suma lo que sale de oro (ilegalmente) por Bolivia que asciende a aproximadamente dos millones de onzas.

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Cabe precisar que recientemente la SNMPE presentó un estudio en el que revela que la minería ilegal genera pérdidas por alrededor de 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a S/23,760 millones.

Pero las pérdidas no son solo económicas. Víctor Góbitz recordó que la minería ilegal no cumple con las normas laborales, ni con la protección social y seguridad en el trabajo ni tampoco con las medidas ambientales. “Tampoco sabemos dónde descargan las aguas industriales”, manifestó.

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“La extensión sería un tremendo error, un mensaje negativo para quien hace minería formal y también para el trabajador. Tenemos que tratar de identificar quiénes están lucrando con esto”, apuntó.

Rechazo

La Defensoría del Pueblo se mostró en contra de una nueva ampliación para la inscripción en el Reinfo porque, a su juicio, “vulnera el Estado de derecho”.

Además, la extensión del Reinfo contraviene los alcances del reciente Decreto Legislativo N.° 1607, que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado, al implementar medidas orientadas a sincerar y depurar el Reinfo con el propósito de que no sea utilizado indebidamente como manto de protección por los mineros ilegales.

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