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Redacción PERÚ21

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Fritz Du Bois,La opinión del directordirector@peru21.com

Si bien a nosotros ese cambio nos parece innecesario, ya que impulsar la exploración hubiera sido más adecuado, al haber sido ofrecido en la segunda vuelta al electorado, es de todas formas válido que el Gobierno haya renegociado el contrato.

Asimismo, es positivo que el proyecto del gasoducto del sur se haya concretado por todo el potencial que tiene de lograr desarrollo rápido. Más aún, siendo algunas regiones sureñas las que menos crecimiento han tenido en los últimos años, se va a generar empleo e inversión donde es más necesario.

Sin embargo, lo que no entendemos es el rol de Petroperú, pues no tiene ninguna experiencia en gasoductos o petroquímica ni tiene mayor capital que aportar, por lo que el Gobierno tendrá que avalar y garantizar el riesgo que va a asumir.

En realidad, parece que el único aporte de la empresa estatal es mejorar la capacidad del futuro consorcio –conformado, aparte de ella, por empresas brasileras– de influir en las decisiones o la posición gubernamental. Así se convertiría en un lobbista privilegiado ya que será a la vez regulador y accionista o propietario, con todas las distorsiones que se pueden crear por el hecho de que el Gobierno esté involucrado en esta aventura empresarial, lo que ahuyentaría otras inversiones.

Por otro lado, dentro de unos años –si le va mal al consorcio– el contribuyente peruano se podría encontrar con una millonaria factura por pagar, similar a la que nos quiere cobrar Doe Run. Por tanto, creemos que el Gobierno hubiera anotado un golazo si todo el esquema hubiera sido privado, pero tal como lo están presentando más bien huele a que hay gato, o mejor dicho, gas encerrado.