Complejidad. Tribunal reconoce que el debate podría extenderse por la complejidad del tema. (César Fajardo)
Complejidad. Tribunal reconoce que el debate podría extenderse por la complejidad del tema. (César Fajardo)

Redacción PERÚ21

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Se avecina un fuerte debate. El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 de la Ley 29903, de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, que interpusieron 33 congresistas en julio.

"Se trata de una demanda compleja que observa varios puntos de la reforma", aseguró el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez.

Informó que el pleno de los magistrados ha considerado que los procedimientos reúnen los requisitos para que la demanda sea estudiada en profundidad, previa audiencia pública.

Al respecto, el parlamentario Julio Gagó indicó que ahora el TC deberá establecer una fecha para la vista de la causa en audiencia pública.

En un comunicado, el TC dijo que concederá 30 días de plazo al Congreso para que responda sobre la demanda.

Por su lado, Álvarez subrayó que el tribunal no hará un estudio técnico o económico, ni de conveniencia o no de la reforma, sino una evaluación exclusiva de su ajuste y cohesión con la Constitución.

"Lo que se va a examinar es la constitucionalidad de cada uno de los puntos que han sido objeto del detalle y la contradicción expuesta por los congresistas, no así la conveniencia política o económica, que escapan al TC", precisó.

EN CONFLICTOLa demanda de los 33 congresistas firmantes cuestiona la introducción y cambio de varios artículos en la Ley del Sistema Privado de Pensiones.

Los legisladores advierten que la mayoría afectaría el derecho a la intangibilidad de los fondos de pensiones, la libre elección al acceso a las prestaciones pensionarias y la libertad de contratación.

La reforma fue aprobada por el Congreso en julio.

TENGA EN CUENTA

– ConfianzaEl ministro de Economía, Luis Castilla, confiaba, el mes pasado, en que el TC rechazaría la denuncia.

– EnfrentadosLas AFP respondieron que la afiliación obligatoria mediante licitación vulnera la Constitución.