La trata de personas es otra de las pandemias que aqueja al Perú desde mucho antes que empezará la del COVID-19. Y es que solo entre enero y junio del presente año, la Policía Nacional del Perú registró 237 denuncias por trata de personas, siendo el 85% de los casos mujeres entre 18 y 29 años, según INEI.
“Para las víctimas de trata y explotación sexual no solo se trata de privación de la libertad, sino que es un proceso complejo que anula las capacidades básicas para vivir de manera digna. Algunas de sus consecuencias, sobre todo en los y las más jóvenes, por ejemplo, es que pierden la escuela, junto a sus habilidades sociales, además de los graves daños de salud mental”, afirmó Susana Chávez, directora de Promsex.
Ante esta problemática, la participación del Estado se hace crucial para garantizar no solo los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino para erradicar las economías que basan sus ingresos en este delito. Por ese motivo, el “Informe sobre la situación y contexto del delito de trata de personas y la explotación sexual”, desarrollado por Promsex, ha identificado, dentro de los diferentes matices que implica cada realidad de nuestro país, los tres grandes pendientes que tiene el Gobierno en este tema tan alarmante.
El Estado no solo falla en el momento inmediato del rescate, al ser incapaz de brindar protección a las víctimas. Tampoco puede ofrecer otras posibilidades de desarrollo que la alejen de manera definitiva del círculo de la trata. Es así como las víctimas, al no encontrar mejores oportunidades, regresan a este porque lo identifican como la única manera disponible para sobrevivir.
“Cuando una mujer cae víctima de estas redes, se encuentra con muchas dificultades para salir de ellas. Si eventualmente lo logra, los impactos en su salud mental, física y social son severos. Por ello, es necesario fortalecer el eje de reintegración como línea de trabajo orientada a asegurar un entorno seguro y libre de violencia para las sobrevivientes de la trata”, recomendó la especialista.