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Zoraida Ávalos rearma en apuros al equipo especial del caso Cuellos Blancos

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Fecha Actualización
El equipo especial del caso Cuellos Blancos ya tiene nuevos rostros después de la remoción de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Esta reestructuración ha puesto a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como única gestora. El coordinador Pablo Sánchez, nuevamente, fue un espectador y se enteró de las designaciones leyendo la edición extraordinaria de normas legales que el diario El Peruano publicó la noche del último miércoles en su web.
Sánchez había presentado cinco nombres a Ávalos para los reemplazos, sus principales opciones eran los fiscales Janny Sánchez-Porturas y Arturo Mosqueira. Ninguno de estos últimos fue considerado. Los elegidos fueron Juan Carlos Cabrera Zegovia y Magaly Elizabeth Quiróz Caballero, para sustituir a Castro y Sánchez, respectivamente.
De ellos dos, solo el primero fue propuesto por el líder del equipo especial. Juan Carlos Cabrera es un fiscal provisional de lavado de activos. Era adjunto de la fiscal Marita Barreto y era parte del equipo que deberá sustentar la acusación contra el empresario Rodolfo Orellana, cabecilla de un red criminal que se apropió ilegalmente de bienes públicos y privados.
Según fuentes de Perú21, Sánchez también pensó en Barreto para integrarla a su grupo, pero al advertir el caso emblemático que tenía en manos se inclinó finalmente por Cabrera.
Sin embargo, el laberinto de Ávalos, ha despertado preocupación en el despacho de la fiscal Barreto. Cabrera Zegovia tenía a su cargo 20 casos que debía sustentar en juicio. La fiscal de la Nación desvistió a un santo para vestir a otro.
“Este no es un caso que uno lo pueda comprender de un día para otro, demanda tiempo entenderlo y acoplarse a una estrategia; así se encuentre un reemplazo, el nuevo fiscal no tendrá el conocimiento, y hasta que eso suceda el resto de fiscales deberá repartirse las carpetas que dejará Cabrera”, indicaron las fuentes.
Magaly Quiroz, en tanto, es fiscal anticorrupción en Lambayeque. En esa región es conocida por haber sido coordinadora de su especialidad.
Quiroz es la apuesta de Ávalos y ocupará el lugar que deja Rocío Sánchez. Si asume las mismas responsabilidades, manejará los 12 cuadernos de colaboración eficaz, incluido el del empresario Antonio Camayo que está listo para presentarse al Poder Judicial.
Y también tendrá la carpeta del colaborador 2109-18, el mismo que señaló al operador José Luis Cavassa Roncalla de haber estado detrás del ascenso de Zoraida Ávalos como fiscal suprema en 2013.
Cavassa, ha quedado evidenciado, manejaba a su antojo al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que se encargaba de nombrar a magistrados.
Hay un tercer fiscal que ha entrado al ruedo. Se trata de Jeans Arnol Velazco Hidalgo y reemplazará a Roxana Jáuregui, a quien Pablo Sánchez no quería por su lento avance en las investigaciones.
Velazco llega de la Fiscalía de Lima Sur, una jurisdicción donde trabajó la mano derecha de Ávalos, el fiscal Ramiro González Rodríguez. González era fiscal anticorrupción y ahora es el encargado del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Los tres fiscales, que ahora pasarán a la especialidad de Crimen Organizado, deberán jurar al cargo ante Roberto Lozada, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, para formalizar sus nombramientos. A excepción de Cabrera, el resto es desconocido para la coordinación del equipo especial, indicaron fuentes consultadas.
El caso Luna
El mismo miércoles también fue designado el fiscal Roger Saldaña Pineda en el cuarto despacho de Crimen Organizado y tendrá entre sus responsabilidades investigar al líder de Podemos, José Luna Gálvez.
Zoraida Ávalos tuvo que designarlo ante la declinación de la fiscal María del Carmen Arango . A Luna se lo investiga por los presuntos sobornos que habría pagado para inscribir su partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2018.
Tenga en cuenta
-Los Cuellos Blancos del Puerto es una red criminal integrada por jueces y fiscales que, según la Fiscalía, beneficiaba a sus integrantes para manejar el sistema de justicia y mantenerse en el poder.
-Rocío Sánchez y Sandra Castro fueron removidas de sus cargos tras admitir que se reunieron en 2018 con Martín Vizcarra cuando este era presidente de la República.
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