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Sala ratifica rechazo de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón
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Fecha Actualización
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el rechazo del pedido fiscal para dictar 36 meses prisión preventiva contra el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, investigado por lavado de activos.
En la resolución emitida el 6 de enero, a la que accedió Perú21, los jueces concluyen que el fiscal Rafael Vela no justificó contundentemente que el exgobernador regional de Junín represente peligro de fuga o de obstaculización al proceso penal.
Sobre las amenazas que habría recibido un testigo protegido de parte de Cerrón, el tribunal indicó que “falta correlato” y corroboración para demostrar si hubo presión de parte del investigado.
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“Esta aseveración está incompleta, ya que no se cuenta con correlato fáctico específico, esto es en qué consistía la amenaza a fin de evaluar su idoneidad para “quebrar” o “determinar” la voluntad del testigo, y de este modo afectar la producción de fuentes pasivas de prueba”, se lee en el documento.
En esa línea, la sala incide en que la Fiscalía “ha presentado argumentos impugnatorios incompletos”. Sobre el peligro de fuga, el Ministerio Público había señalado que Cerrón Rojas no había mostrado disposición para contribuir con las diligencias y que constantemente pedía reprogramación para luego, cuando le tocaba declarar, guarde silencio.
Al respecto, los magistrados alegaron que “al imputado no puede exigírsele que colabore o contribuya con la investigación, en respeto al derecho a la no incriminación”.
En relación al arraigo laboral y domiciliario, el fallo indica que el fiscal Vela ha señalado que existe “arraigo débil” y que ello no puede ser considerado para dictar una prisión preventiva pues “no se puede afirmar que un presupuesto se cumpla a medias o con poca intensidad”.
Fuentes fiscales indicaron a este diario que el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos interpondrá una casación ante la Corte Suprema para revertir esta decisión.
A la exautoridad regional se le imputa haber usado dinero ilícito recaudado por la organización criminal Los Dinámicos del Centro para financiar las actividades partidarias, entre ellas la campaña presidencial de Pedro Castillo en 2021.
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