El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, destacó la importancia de que el Congreso apruebe el proyecto de ley que su institución presentó para que la Corte Suprema pueda separar de manera excepcional a jueces implicados en actos irregulares.
"Necesitamos estas facultades urgentes a fin de poder actuar ante este tipo de posibilidades. (...) Es importante tener la posibilidad de actuar, ya que la presencia de un magistrado que haya incurrido en faltas genera mayor descrédito a nuestra institución", declaró Víctor Prado a Canal N.
El titular del Poder Judicial señaló que la iniciativa de ley plantea un periodo de 90 días como plazo máximo para que la Corte Suprema pueda apartar a magistrados, ya que otras instancias, como el Ministerio Público y el Congreso, también tienen facultades para actuar ante casos de corrupción.
"Entendemos que, en ese mismo lapso, los órganos competentes como el Ministerio Público, en caso de delitos, y el Congreso, ante infracciones constitucionales, estarán actuando y decidiendo las condiciones que afrontarán estos magistrados implicados en inconductas funcionales", comentó.
Víctor Prado aseguró que otras iniciativas de ley que se están trabajando en las comisiones de la Corte Suprema estarán listas y serán presentadas al Congreso a más tardar la próxima semana.
"Una de ellos busca generar un cambio inédito en el Poder Judicial para elegir a su presidente. Proponemos que el presidente de la Corte Suprema sea elegido en voto universal y directo de todos los jueces titulares del país", señaló, tras destacar que esta misma modalidad se aplicará para seleccionar a los presidentes de las cortes superiores.
También habló sobre un proyecto de ley, que va en la misma línea de una iniciativa presentada por el Gobierno, para crear una autoridad dedicada a evaluar la integridad dentro del Poder Judicial.
Actualmente, los cuatro proyectos de ley que implican una reforma constitucional y que fueron planteados por el Gobierno, así como otras iniciativas relacionadas a la reforma del sistema judicial, están siendo evaluadas en las comisiones de Constitución y Justicia del Congreso.