La denuncia planteada por magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una supuesta amenaza del Congreso, ha puesto luces nuevamente sobre el caso El Frontón. Para analizar la situación, Perú21 conversó con el constitucionalista Víctor García Toma.
Tres magistrados del TC denunciaron ante la CIDH que el Congreso atenta contra su independencia por admitir una denuncia en su contra. ¿Existe una amenaza real?
—La acción de los miembros del tribunal es indebida porque no hay ninguna evidencia objetiva de una amenaza a la autonomía y repartición de justicia, el hecho de que el Congreso reciba una denuncia y la tramite no significa que esté cuestionando la independencia del TC. Además, es la propia institución la que hace valer su independencia, no necesita a un tercero para defenderla.
Pero si invoca a un organismo externo, el TC debe advertir algo serio.
—Si un ente de justicia como el TC necesita de la colaboración de un tercero para defenderse, en el inciso dos del artículo 159 de la Constitución dice que le corresponde al Ministerio Público preservar la autonomía y red imparcial de justicia. Si el TC necesitaba respaldo, debía recurrir a un órgano interno como la Fiscalía. Con lo que se ha hecho ante la CIDH, se afecta al propio Congreso.
Precisamente, el presidente del Parlamento advirtió que con esa queja se muestra ante la comunidad internacional que en Perú existe un “desequilibrio de poderes”. ¿Coincide con esa postura?
—El reclamo del Congreso es correcto. Primero porque el pedido de los magistrados es apresurado; segundo, porque no tiene sustento fáctico; y tercero, porque existen mecanismos internos para actuar.
Los magistrados dicen que por el caso El Frontón existe una presión política contra ellos.
—Pero en el artículo 139 de la Constitución se señala que todo ciudadano tiene el derecho de efectuar análisis y críticas de sentencias de cualquier órgano jurisdiccional. Para mí, lo hecho por los magistrados es un acto arbitrario y que no tiene justificación legal, y no por eso estoy amenazando la independencia o autonomía del TC.
¿Es usual que el TC, que es la última instancia constitucional, varíe una sentencia como sucedió con la del caso El Frontón?
—Acá se ha afectado la cosa juzgada. Pero tampoco es cierto que con su última resolución el TC haya declarado que lo sucedido en El Frontón son crímenes de lesa humanidad, lo que ha hecho es dejar que ese criterio lo califique el Poder Judicial. Lo que ha señalado, en ese sentido, es que el voto del ex magistrado Vergara Gotelli, emitido en 2013 en la sentencia primogenia, no era claro.
Pero ha dejado una puerta abierta para que se interprete de esa manera...
—Sí, han dejado en una agonía, que parece perpetua, a los miembros de la Marina que están hace 30 años con este cuento. La última decisión del TC es errada y afecta la cosa juzgada. En lo que sí tienen razón los magistrados es que la acusación constitucional presentada ante el Congreso no procede.
Entonces, no hay peligro de quedarnos sin magistrados en el TC.
—Esa acusación debería ser desestimada. El artículo 202 de la Constitución señala que los magistrados del tribunal no responden por sus votos y opiniones; es decir, que en tanto no exista una evidencia de actos de corrupción o colusión de funcionarios, con acierto o error, esa sentencia no puede ser objeto de una sanción.
¿Cree que, con su denuncia ante la CIDH, los magistrados cayeron en el juego político?
—Han generado una mella en la imagen del Estado peruano innecesaria. Han puesto en cuestión a un Congreso que se ha comportado democráticamente. No hay ninguna duda de que este no es un Congreso fujimorista.
¿Para usted hubo crímenes de lesa humanidad en el caso El Frontón?
—No, y por una cuestión muy sencilla. El crimen de lesa humanidad es un plan sistemático, organizado, premeditado a través de funcionarios del Estado, para exterminar, torturar, menoscabar derechos vitales de grupos determinados por razones políticas o religiosas. Lo que sucedió en El Frontón fue un motín armado, que implicó el secuestro de funcionarios del Inpe. Ante la gravedad de esos hechos, el Gobierno decidió que intervinieran miembros de la Marina. Hubo muertos de uno y otro lado, no puede haber crímenes de lesa humanidad porque fue un hecho súbito e imprevisto.
En la denuncia fiscal se señala que miembros de la Marina ultimaron a reos.
—Eso está siendo materia de investigación, pero ese acto no convierte al caso El Frontón en un crimen de lesa humanidad. Eso lo debe esclarecer el Poder Judicial, pero han pasado 30 años y hasta ahora no resuelve.
¿Es usual que un caso demande tanto tiempo en concluir?
—Para nada. Las idas y venidas del Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen justificación, y han contribuido enormemente a que un caso que debió ser solo jurídico, sea también político.