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Tras conocerse que representantes del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción allanaron la sede del Gobierno Regional del Callao, el congresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que "la mayoría de las autoridades de Chim Pum Callao están ejecutando obras con el único fin de sobrevaluarlas y beneficiarse económicamente".
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"En el Callao hay dos tipos de bandas: la que usa chaveta y la de los de saco y corbata. Todo indica que el expediente para colocar un área verde en 20 kilómetros de berma de la avenida Gambetta ha sido un robo", sostuvo en diálogo con Perú21.
Respaldó que las citadas instituciones del Estado intervinieran la región Callao, pero espera que las investigaciones se desarrollen con transparencia debido a que hay muchos jueces y fiscales que han sido comprados por las autoridades de esa provincia.
Como se recuerda, fuentes de las citadas instituciones precisaron a Perú21 que los funcionarios ingresaron a la sede regional la tarde del miércoles y se llevaron expedientes técnicos de la obra denominada "Contratación del Servicio de Conformación de Domos (montículos) y Sembrado del Proyecto Vial Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, Callao".
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Para este proyecto se contrató a la empresa Pradera Grass EIRL, que debía colocar césped con fines estéticos y de seguridad vial. Sin embargo, durante un recorrido por la citada obra se apreció que el proyecto está inconcluso.
"La inversión (S/.6'700,000) no se refleja en la edificación. Por si fuera poco, quien está haciendo la obra es la región (Callao)", explicó un funcionario que participó en dicha intervención pero que prefirió el anonimato.
RESPUESTA DEL CALLAOEl Gobierno Regional del Callao calificó la intervención en su sede como "innecesaria y desproporcionada", pues aseveró que sí se había entregado la información del contrato para instalar áreas verdes en la Av. Néstor Gambetta a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría, y que eso fue informado a la Procuraduría Anticorrupción.
"A pesar de ello, en un acto abusivo y desproporcionado, la Fiscalía solicitó a un juez Anticorrupción allanar la sede del Gobierno Regional del Callao y el juez, sin mayor fundamento, ordenó el allanamiento e incautación de documentos", se indica en el pronunciamiento de la región Callao.
"El día de la diligencia, la Fiscalía corroboró que toda la documentación se encontraba en poder de la Contraloría, lo cual se dejó constancia en actas. De esta manera, quedó en evidencia la mala fe de la Contraloría y sobre todo el acto arbitrario del fiscal, que no le quedó más remedio que recibir de la misma Contraloría toda la documentación que el Gobierno Regional del Callao nunca tuvo en su poder", señala otra parte del comunicado.
