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Procuradora pide detención de los que negociaron compra de vacunas
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Pensar en ellos mismos antes que en el país les puede costar caro a los funcionarios que negociaron la compra de vacunas con el laboratorio Sinopharm. Y también al doctor Germán Málaga, quien se encargó de aplicar las dosis a su familia, al expresidente Martín Vizcarra y a quien él eligiera sin un aparente criterio clínico.
La Procuraduría Anticorrupción ha requerido a la Fiscalía que pida al Poder Judicial la detención preliminar por siete días del embajador Arturo Jarama, conocido como el zar de las vacunas, y del exasesor del Ministerio de Salud Carlos Castillo.
Ambos integraban la comisión multisectorial, como representantes de la Cancillería y del Minsa, que tenía como objetivo adquirir las vacunas para el Perú. Jarama y Castillo fueron separados de sus cargos tras corroborarse que figuraban en la lista de 487 personas vacunadas de forma clandestina.
La procuradora adjunta Yudith Villegas sustentó que estos funcionarios habrían aprovechado sus cargos para encaminar la adquisición en favor de la empresa china.
“Esta conducta se subsume en el delito de negociación incompatible, que tiene una pena entre cuatro y seis años de cárcel”, declaró ayer en RPP.
En su solicitud, Villegas también incluye a Málaga; Mario Tavera, exasesor del Minsa; al rector de la Universidad San Marcos, Orestes Cachay; y al vicerrector de la Universidad Cayetano Heredia, Alejandro Bussalleu.
Ahora queda en manos de la Fiscalía, que conduce la estrategia penal, si decide acoger o no esta propuesta.
Van por todo
Ayer por la mañana, horas antes del pedido de la procuradora, un equipo de la Fiscalía y de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) se distribuyó por Lima para intervenir las sedes de cinco entidades que estuvieron relacionadas con los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el Perú.
La operación fue dirigida por el fiscal anticorrupción Marco Carrasco Campos, quien recabó documentación en el Ministerio de Salud (Minsa); el Instituto Nacional de Salud (INS); el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares); y las universidades San Marcos y Cayetano.
Según la disposición fiscal emitida el 15 de febrero, a la que accedió Perú21, Carrasco requirió la relación exacta de personas que recibieron las dosis sin haber sido parte de la primera línea de defensa contra la pandemia, los contratos y convenios firmados con Sinopharm, los registros de ingresos y salidas de cada entidad, y los videos que muestren el procedimiento de aplicación de vacunas.
La investigación fue abierta por 60 días contra los que resulten responsables de posibles delitos de corrupción. Lo que el fiscal Carrasco advierte es que la vacunación de servidores públicos sucedió cuando el Estado aún negociaba la compra de vacunas con distintos laboratorios.
El peso de la ley
“Las vacunas utilizadas habrían sido parte del lote que el laboratorio en mención (Sinopharm) habría donado al Estado y que se encontraban bajo la dirección y custodia de la Universidad Cayetano Heredia, y desde donde se habría dispuesto inocular a funcionarios y particulares, todo ello en el contexto de la evaluación para la adquisición de las vacunas para hacer frente a la emergencia sanitaria”, se lee en la disposición.
Fueron 3,200 vacunas chinas las que ingresaron al país en un lote aparte, en agosto de 2020. A pedido de la Universidad Cayetano, 2 mil de ellas iban a ser usadas entre los investigadores que conducían y dirigían los ensayos clínicos.
Las 1,200 dosis restantes fueron requeridas por la Embajada de China en el Perú para aplicarles a sus trabajadores.
La San Marcos y la Cayetano, por ejemplo, fueron las universidades que ayudaron en los ensayos clínicos de la vacuna china. El jefe del programa era el doctor Germán Málaga.
Las instituciones se encargaron de acoger a los 12 mil voluntarios para poner a prueba en la población peruana la efectividad de lo que era la candidata a vacuna.
Sin embargo, las más altas autoridades de ambas casas universitarias se vacunaron en silencio con las dosis dirigidas a los investigadores, sin ser parte de los estudios clínicos.
El rector de la Cayetano, Luis Varela; el vicerrector académico, José Espinoza, y el vicerrector de Investigación, Alejandro Busssalleu, renunciaron a sus puestos tras conocerse que fueron parte de los beneficiados.
Por el lado de San Marcos, el rector Orestes Cachay y el vicerrector de Investigación, Felipe San Martín, también recibieron las dos dosis pero no dimitieron a sus puestos.
El caso del fiscal Carrasco es diferente al que tiene a su cargo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Debido a su jerarquía, la titular del Ministerio Público ha comprendido a altos funcionarios que se vacunaron en secreto y a espaldas del país.
Ávalos investiga al expresidente Martín Vizcarra, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete. Y aún puede incluir a otros funcionarios que podrían haber seguido esos pasos.
Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, la principal línea de investigación es esclarecer si las vacunas fueron parte de un pacto ilegal entre estos funcionarios para que el Estado contrate con el laboratorio Sinopharm.
“Lo que hay que aclarar es si la vacunación de estos exfuncionarios que estuvieron para negociar las compras guarda relación con el contrato de Sinopharm; esta no será una investigación que tome mucho tiempo porque ya hay muchas cosas establecidas, pero lo importante es tener evidencias para avanzar”, expresó Vargas Valdivia a Perú21.
El Estado, como se recuerda, compró un primer lote a China de 1 millón de vacunas. Veremos qué hubo detrás.
Tenga en cuenta
-La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó ayer que la Cancillería fue la encargada de requerir oficialmente a China las 2,000 dosis extras que llegaron al Perú junto a los insumos que se usaron en los ensayos clínicos.
-Son 1,200 dosis para la embajada china; es decir, 600 vacunas eran para su personal y “personas vinculadas a la embajada”.
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