Esta semana, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, derivó al Parlamento una denuncia constitucional contra el exjefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos oficiales.
Todo esto por omitir, tanto en sus declaraciones públicas como en su declaración jurada de intereses de 2016 y 2018, primero como ministro de Transportes y luego como presidente de la República, haber formado parte de la empresa que fundó junto a su hermano César, CyM Ingenieros Contratistas.
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A Vizcarra se le atribuye el delito de falsedad genérica, debido a que habría mentido en esta declaración pública, efectuada el 9 de enero de 2019, cuando se le preguntó sobre su relación con Odebrecht entre los años 2006 y 2008, etapa en la que su empresa CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas suscribió contratos con el consorcio Conirsa, que estaba conformado hasta en un 70% por Odebrecht.
Sin embargo, posteriormente se conoció que CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas había sido proveedor de Odebrecht en esos años por más de S/300 mil en total. Unos días después, el 20 de enero de 2019, precisamente en Punto final, Vizcarra negó sus declaraciones y aseguró: “Debí ser más preciso”.