La controversia desatada por la filtración de una presunta sentencia, que dejaría sin efecto la denominada ley antitránsfugas, obligó al Pleno del Tribunal Constitucional (TC) a salir ante la prensa para reclamar respeto a sus competencias y resoluciones, y rechazar “toda amenaza” al ejercicio de sus funciones consagradas por la Constitución.
Primero fue a través de un comunicado, mediante su cuenta de Twitter, que el TC aclaró que el documento difundido dos días antes por el parlamentario oficialista Gilbert Violeta –según el cual ese organismo declararía la inconstitucionalidad de la ley antitránsfugas– no constituye una sentencia toda vez que no fue publicado “oficialmente”. Asimismo, dio cuenta de una investigación sobre la filtración de aspectos reservados del proceso y anticipó “drástica sanción” a quienes resulten responsables.
Horas más tarde, empero, en implícita respuesta a la creciente ola de críticas de los congresistas, el presidente del TC, Manuel Miranda, acompañado de los otros magistrados, dio una conferencia de prensa en la que enfatizó que “no existe órgano, entidad o persona pública o privada que esté exenta de control constitucional” y, en consecuencia, que pueda eximirse del “obligatorio cumplimiento” de los fallos del tribunal una vez publicados estos.
Más aún, hizo hincapié en la autonomía de la institución y su facultad para declarar la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas.
El pronunciamiento del TC, sin embargo, no disipó las dudas de legisladores de distintos bloques políticos.
El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres no quiso responder si el Congreso acatará o no el fallo del tribunal sobre la llamada ley antitránsfugas y ratificó que solo se pronunciarán sobre hechos concretos.
En cuanto a la filtración de documentos reservados, dijo que esperará el resultado de las indagaciones anunciadas por el tribunal. “Es un tema grave para un organismo que se supone es autónomo”, refirió el parlamentario.
El portavoz de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, por su parte, comentó que el proceso sobre la demanda de inconstitucionalidad se encuentra “contaminado”.
“El TC debe explicar por qué el documento (filtrado por Violeta) se contamina. (...) Sea cual sea el resultado, cuando el tribunal publique la resolución, dará origen a suspicacias”, advirtió.
Pese a estos impasses, Sheput subrayó que el fallo debe ser acatado por el Parlamento, lo que no impidió que cuestionara sus alcances. “El TC debe ser consciente de su responsabilidad ante el país. En el Congreso habrá congresistas estimulados por tener sus propias bancadas, oficinas, asesores, personal; se volverá inmanejable; solo han generado que el proceso se descomponga y contamine”, insistió.
Su colega Carlos Bruce también defendió el compromiso del Congreso de cumplir con las decisiones del TC y alertó que “decir lo contrario parece hasta subversivo”, con lo cual marcó distancia del tercer vicepresidente del Legislativo, Mauricio Mulder, quien reiteró que el Parlamento no está obligado a acatar lo dispuesto por el TC.
Ello debido a que, según explicó, el artículo 94° de la Carta Magna establece que el Parlamento “elabora su propio reglamento y establece su organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios”.
“Estamos frente a una situación en la que cuatro magistrados se permiten hacer un legicidio”, agregó.
En medio de esta incertidumbre sobre la decisión final del TC hubo quienes, como Marisa Glave, no perdieron tiempo y anticiparon la formalización de Nuevo Perú como bloque político bajo el cobijo del supuesto fallo del tribunal. La ex fujimorista Patricia Donayre, en tanto, tuiteó: “A ver, amiguitos y ex amiguitos, incumplir sentencia de TC es desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Está claro? ¡La Constitución prima!”.
La difusión de un adelanto de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la llamada ley antitransfuguismo le pasará factura al congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Gilbert Violeta.
Las bancadas de Fuerza Popular y el Apra anticiparon que pedirán a la Comisión de Ética Parlamentaria que investigue al legislador por filtrar un documento supuestamente reservado.
El tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, adelantó que este lunes, en su condición de miembro de la Comisión de Ética, pedirá que se investigue de oficio a Violeta. “Se tiene que saber quién remitió esa foto (de la sentencia). Por transparencia, (Violeta) tendría que mencionar de qué número recibió esa fotografía, así sabremos cómo funciona el Tribunal Constitucional, eso abunda en la ilegalidad del TC”, manifestó.
A su turno, Miguel Torres, de Fuerza Popular, señaló que a más tardar hoy su bloque también formalizará denuncia contra Violeta y anticipó que, en el marco de ese proceso, se solicitará el registro telefónico y de visitas del TC.
A través de Facebook, Violeta deslindó responsabilidad y alegó estar siendo “utilizado” para distorsionar el debate sobre la inconstitucionalidad de la ley antitránsfugas. Además, añadió que la información le fue proporcionada por un periodista y el coordinador parlamentario del tribunal.
- De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una de las causales de vacancia del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es la violación de “la reserva propia de la función”.
- Sobre la posibilidad de que se acuse constitucionalmente a los magistrados del TC, el legislador Mauricio Mulder no respondió. “Habría que esperar”, manifestó.
- El titular del TC, Manuel Miranda, no detalló las medidas que adoptará su despacho para detectar quién filtró el documento publicado por el oficialista Gilbert Violeta.