El Tribunal Constitucional evaluó en su audiencia de hoy martes la demanda de hábeas corpus que presentó el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra el Congreso de la República que busca anular el proceso que se inició por el presunto delito de traición a la patria.
El recurso constitucional se sustenta en el hecho de que, como mencionó el defensor legal del presidente de la República, no existe debida motivación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y en la consideración que un juez constitucional sí está habilitado para pronunciarse si es que hay un “abuso y exceso” en las comisiones del Congreso.
Pachas advirtió que, de proceder el caso en el pleno del Poder Legislativo, se pondría en riesgo los derechos de Castillo Terrones al debido proceso, debida motivación e incluso a su libertad y a su permanencia en el cargo de presidente de la República.
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“Lo parafrasean, lo esconden (lo que dijo sobre no dar mar a Bolivia) y buscan los votos y dicen ‘ya tenemos los votos contados’ porque esta sería la tercera forma de vacarlo y buscan de forma desesperada, propia de la Santa Inquisición”, advirtió el abogado.
También manifestó que el hecho de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como la Comisión Permanente, lo citen para ejercer su defensa no significa que se esté respetando el debido proceso porque buscan inhabilitarlo solo para que, ya fuera del cargo, se reconozca que no cometió delito.
“Aquí todos los congresistas han salido públicamente a decir que ya tienen los votos para vacar al presidente de la República. No es un acto de justicia que el día de mañana a las 9 se le ha citado para que exponga. Es un acto de mera formalidad para que proceda este delito de traición a la patria cuando el hecho no constituye delito”, advirtió.
A su turno, el procurador del Congreso de la República, Yuri García Cano, replicó asegurando que se han seguido todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Poder Legislativo.
Asimismo, señaló que lo único que evaluará esta instancia es si procede o no que el presidente pueda ser investigado y procesado por este supuesto delito, ya que será la fiscalía o el Poder Judicial quien establezca responsabilidad.
Al concluir de escuchar a ambas partes y hacer las preguntas que los magistrados consideraron pertinentes, el presidente del TC, Francisco Morales, anunció que el caso queda al voto.