Otro revés para la mandataria. La demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, para anular la denuncia constitucional en su contra, enviada al Congreso por la muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, fue rechazada en segunda instancia por el Poder Juducial (PJ). Esto, tras el golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.
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El 7 de junio del año pasado, Boluarte asistió a declarar a la Fiscalía por dicha causa.
De acuerdo a las fuentes de Perú21, las preguntas de la Fiscalía apuntaban a saber si la gobernante había ordenado el ataque con armas a los manifestantes, que terminó con decenas de fallecidos. Respondió negativamente.
La presidenta también se escudó en que el Consejo de Ministros fue la instancia que aprobó los planes operativos que usaron las fuerzas del orden para repeler a los agresivos manifestantes y pacificar el país.
En dicha oportunidad, la mandataria se desmarcó de cualquier responsabilidad por las más de 60 muertes provocadas durante las manifestaciones que sucedieron tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Las mismas fuentes consultadas indicaron que tras la intervención de la fiscal Benavides, el representante de la PGE, Omar Rojas, esperaba formular sus interrogantes. Sin embargo, la defensa de la presidenta se opuso.
Cinco meses después de su declaración en el Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2023, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió al Congreso la denuncia constitucional contra la jefa de Estado.
NUEVA DERROTA
Esta nueva derrota judicial de la presidenta se da a casi dos meses de un fallo en su contra, emitido en el caso Rolex, que resolvió que seguirá siendo investigado por dicha causa.
El 26 de mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley determinó la carencia de sustento fáctico y jurídico de los argumentos presentados por la defensa de la mandataria, y concluyó que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar.
Esto, tras haber presentado la defensa de la mandataria una tutela de derechos.
Una semana después, el 2 de junio, el fiscal de la Nación dijo que el Parlamento ni la Fiscalía podrán seguir investigando a la jefa de Estado, por el caso Rolex —otra de las investigaciones que se le sigue a Boluarte—, porque está protegida por el artículo 117 de la Constitución. Para él, la denuncia solo podrá ser admitida en el Parlamento.
INFORME CASO ROLEX
De otro lado, el presidente de la comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, señaló a este diario que para la próxima semana estará listo el informe final del caso Rolex, en el que propondrá ampliar investigaciones sobre los principales actores e involucrados.
El caso Rolex gira en torno a la recepción de la mandataria de tres relojes Rolex y joyas, supuestamente como prendas prestadas por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pero que en realidad serían regalos a cambio de obras para su región.