Aunque se mantenga la fecha de las próximas elecciones para abril de 2021, la intención del presidente Martín Vizcarra de adelantar los comicios un año, a través de una reforma constitucional, genera un efecto en los actores políticos. Más allá de cualquier escenario, el anuncio presidencial coloca a personalidades, bancadas y partidos en modo transición, en el que el principal beneficiado es el Ejecutivo.
Activar el modo transición reduce las expectativas de la población. El Ejecutivo se asume de salida y, por lo tanto, se resta responsabilidad del ‘delivery’ de sus políticas. Ya no queda horizonte para reformas sectoriales ni giros de timón. Las demandas sociales son postergadas para el sucesor y se anticipa la evaluación de la gestión del mandatario. No es lo mismo valorar a un presidente al que le quedan dos años, que a uno saliente.
Recordemos la tendencia recurrente en gestiones anteriores: el incremento de la aprobación presidencial en el último año de mandato. Los peruanos son benignos con el mandatario que se va.
El Legislativo es el actor más perjudicado. Sin re-elección parlamentaria inmediata y sin candidaturas presidenciales que salgan de su seno, los congresistas no tienen incentivos para promover grandes acuerdos políticos o asumir batallas por reformas postergadas. En tres años de gestión, el Congreso no ha tenido capacidad de iniciativa para emprender regulaciones que afecten positivamente la economía del país o impulsar cambios institucionales. La incertidumbre sobre el final de sus mandatos no motiva a los legisladores a dejar un legado, sino los paraliza. Por si fuera poco, el retorno a la arena subnacional es muy prematuro. Si bien antes del anuncio presidencial ya eran congresistas sin futuro, el presente se les acortó significativamente.
El sistema electoral se encuentra en una situación delicada. Las jefaturas de la ONPE y del Reniec son provisionales y la cabeza del JNE luce desprestigiada. Las reglas de los próximos comicios tendrán que improvisarse si se decide cumplir con un calendario acelerado. De ser así, reglamentos podrían terminar por encima de disposiciones constitucionales.
El amago de reforma política confunde aún más la normatividad, dejando amplio margen a la arbitrariedad, criterio enemigo para impartir justicia electoral.
EN SUS POSICIONES
El anuncio presidencial de adelanto de elecciones obliga a los actores políticos (individuales y colectivos) a tomar posiciones a favor y en contra.
En el gráfico ordenamos estas ubicaciones (hacia la izquierda los opuestos, hacia la derecha quienes apoyan) considerando una escala de poder (hacia arriba los más poderosos, hacia abajo los menos).
La izquierda –por razones ideológicas–, APP y AP –por pragmatismo– se ubican en espacios cercanos a la iniciativa que lideran Vizcarra y Del Solar.
La oposición a esta medida, sin embargo, es más nutrida. El Apra manifiesta un rechazo radical, Fuerza Popular –en su crítica– se ubica aún desconcertada. Keiko Fujimori mantiene un capital electoral que podría crecer en campaña, pero la reclusión y la oposición al Gobierno la mantienen reticente al adelanto. Aráoz y Contigo –antiguos aliados del Gobierno– se han distanciado considerablemente. Olaechea –en aras de la gobernabilidad– podría cruzar el Rubicón. El viento de la opinión pública puede llevar a los actores a desplazarse hacia el adelanto; pero el reloj juega en contra. Cada día que pase se hace menos posible cumplir con la última promesa presidencial. En todo caso, el gráfico representa la foto del momento actual.
SABÍA QUE
- La izquierda –por razones ideológicas–, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP) –por pragmatismo– se ubican en espacios cercanos a la iniciativa que lideran Martín Vizcarra y Salvador del Solar.