Susana Villarán se retiró de audiencia para sustentar tutela de derechos

La ex alcaldesa de Lima, quien cumple 24 meses de prisión preventiva, dijo que no quería estar presente en la sala por considerar que el tema era técnico.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 09:55

La ex alcaldes de Lima, Susana Villarán, quien cumple una orden de 24 meses de prisión preventiva, pidió retirarse de la audiencia en la cual se evalúa su apelación al rechazo de la tutela de derechos que solicitó en primera instancia como parte del caso Odebrecht.

A través de su abogado, Raúl Pariona, la ex burgomaestre preguntó a los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción por qué fue convocada a la audiencia a pesar de que se trataba de un tema meramente técnico.

"De acuerdo a nuestro sistema jurídico, debemos garantizar el derecho de defensa de todos los investigados. (Susana Villarán) puede tener la posibilidad de hacer uso de la palabra si lo desea. En todo caso, si la defensa o la investigada no quiere estar en la audiencia, está en su derecho y podemos disponer que se retire", señaló el magistrado Ramiro Salinas Siccha, presidente de la sala.

Asimismo, precisó que no se utilizó el sistema de videoconferencia para que la exautoridad edil pueda atender a la sesión porque desde el Penal Anexo de Mujeres confirmaron que no tenía disponibilidad, por lo que se procedió a citarla de manera presencial.

Sin mayores precisiones o declaraciones, y con la venia de la sala, Villarán se retiró minutos después de iniciada la audiencia en la cual se evaluará su recurso.

La defensa de la ex alcaldesa considera que se vulneraron los derechos de la investigada por una presunta acumulación indebida de carpetas de procesos diferentes y porque cuestionan que en primera instancia no hayan declarado textualmente como infundado su pedido de tutela de derechos.

La exburgomaestre está cumpliendo 24 meses de prisión preventiva, ratificados en segunda instancia, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos por los aportes que habría recibido de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocación y su reelección.

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