En abril del 2013 —culminada la campaña de la revocatoria a los regidores metropolitanos y a la alcaldesa de Lima de entonces, Susana Villarán— los miembros del No entregaron al Tribunal del Pacto Ético Electoral, presidido por el jurista Fernando Vidal, un “informe de ingresos y egresos”.
El documento, firmado por Marco Zevallos, quien figura como responsable del equipo legal de la campaña por el 'No a la revocatoria', indica que Villarán logró recaudar más de 1 millón y medio de soles. Exactamente S/1,614,321.50.
En mega eventos obtuvieron S/195,000, en cenas y otros pro fondos S/145,000, en actividades centrales específicas - pro fondos un total de S/70,000, en actividades pro fondos en los comités distritales por el No S/269,000, en ventas en el local central y en los comités distritales del No recaudaron S/119,000 y en donaciones recibieron de ingreso S/816,121.50.
En referencia a los egresos, se indica lo pagado a FX Comunicaciones, empresa de Valdemir Garreta. En total fueron S/432,000. A ello se suma lo gastado en medios de comunicación, canales de TV (S/976,522), en macro paneles (S/109,000) y en campaña (S/94,800), lo que incluye movilización y mítines, material de volantes, posteras y banner y personeros (refrigerios y movilidades). En suma, S/1,612,322, casi lo mismo que los ingresos.
Lo reportado dista de lo que, según Garreta y Jorge Barata, habría desembolsado la campaña del No para pagar a publicistas brasileros con dinero de Odebrecht y OAS. Ellos indicaron que fueron US$3 millones, lo que, al cambio, es S/9,710,070.
El abogado Julio César Castiglioni declaró a Perú21 que, de comprobarse esta diferencia de cantidades, la ex alcaldesa podría ser sindicada por la comisión del delito de falsedad ideológica por “consignar hechos falsos en un documento público. Este delito tiene una pena de 4 años de cárcel”.
Indicó, también, que de comprobarse el origen ilícito del dinero que habrían aportado las empresas brasileras, se configura el delito de lavado de activos y colusión.
En tanto, el abogado penalista Carlos Caro dijo que “si se confirmaran las declaraciones de Garreta y Barata, estaríamos en el caso de la financiación ilegal de un partido político en una campaña”.
Sostuvo que “lo que está claro es que la beneficiaria de la campaña fue la señora Villarán porque se mantuvo dos años más en el puesto, cobrando dos años más, y habiendo recibido aportes de empresas que ya tenían contratos con la Municipalidad de Lima. Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública".
"En un caso como este bastaría probar que ella era alcaldesa, que estas empresas tenían contratos con la municipalidad y que se recibió este dinero para la revocatoria. El delito fuente sería corrupción, colusión desleal, enriquecimiento ilícito de funcionarios”, continuó.
Ambos abogados coincidieron en señalar que “el caso de Villarán es más grave que el de Ollanta Humala”, porque ella hizo la campaña de la revocatoria ya siendo alcaldesa, a diferencia de Humala que no era funcionario público.