El caso Susana Villarán comienza a resolverse en el Poder Judicial. Ayer —después de 10 meses de presentada la acusación contra la exalcaldesa de Lima y sus coimputados— se iniciaron las audiencias de control de acusación a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. La Fiscalía del caso Lava Jato tiene claro que la entonces representante de la izquierda progresista lideró, desde 2011, una red de corrupción y lavado de activos que se instaló en la Municipalidad de Lima hasta 2015.
El Ministerio Público pide 29 años de cárcel para Villarán por haber favorecido con contratos a tres constructoras: las brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, a cambio de 11′293,000 dólares para —como dice la Fiscalía— “financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y las elecciones municipales de 2014 con el fin de mantenerse en el poder”.
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“La organización criminal ha operado al interior de la municipalidad teniendo control de las concesiones Vías Nuevas de Lima (Odebrecht), Línea Amarilla (OAS) y Vía Expresa Sur (Graña y Montero)”, sostuvo ayer la fiscal Milagros Vera. Además, indicó que “esta dispuso favorecer a estas empresas con la finalidad de que la líder de esta organización (Villarán) se mantenga en el poder obteniendo activos ilícitos (…) para ello se realizaron una serie de delitos: ocultamiento de dinero, falsa declaración ante la ONPE y el JNE”.
La acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez el 25 de agosto del año pasado comprende a 20 personas y 10 empresas. Ayer, llamó la atención que el referido magistrado no esté presente en la audiencia, pero desde el Ministerio Público informaron a este diario que su ausencia se debió a que tenía una diligencia importante en el penal de Barbadillo en Ate con el expresidente Alejandro Toledo. En su reemplazo estuvo la fiscal Milagros Vera.
“La organización criminal de Susana Villarán, en 2013, estuvo formada por 15 personas. Tenía a José Miguel Castro como gerente de la Municipalidad de Lima y diferentes estamentos para la captación de activos ilícitos. En 2014, se sumaron otras personas”, señaló el Ministerio Público en el PJ.
El juez determinó que desde el viernes 19 de mayo —y durante todos los viernes— se realizarán las audiencias del control de acusación. Pero, ¿por qué no designar un juez a dedicación exclusiva a este caso que tiene expectantes a la ciudadanía y a los propios acusados? Desde el Ministerio Público indicaron que lo que se va a realizar en cuatro semanas, tranquilamente se puede ver en una sola.
El abogado Luis Lamas Puccio consideró que hay una mala experiencia cuando se trastoca el principio de juez natural. “La Fiscalía ha manifestado en otras oportunidades que se nombre a jueces especiales para estos casos, pero es un pésimo precedente; sin embargo, es importante que estas audiencias se realicen de manera continuada para que el control de acusación no demore muchos meses”, dijo el penalista.