Soto no asume responsabilidad en la ley que lo benefició y votó a favor

Se lavó las manos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en su audiencia realizada ayer en la Comisión de Ética, no asumió ninguna responsabilidad en la aprobación de la Ley 31751, que modificó la suspensión de plazo de prescripción, y que le benefició en un proceso para evitar el juzgamiento.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la sesión es que no se cansó de repetir la frase “no voté a favor de esa ley”, pese a que el informe de calificación de la Comisión de Ética, al que tuvo acceso Perú21, y que recomendó que Soto sea investigado, precisa que el 11 de mayo de este año el denunciado congresista votó a favor de esa ley, cuando se realizó la segunda votación, pues hubo un pedido de reconsideración.

Si bien un mes antes de esa fecha, el 13 de abril, en la primera votación, Soto votó en contra de esa ley; en la segunda, sí lo hizo a favor. Y eso es lo que se olvidó en señalar ayer el titular de la presidencia del Parlamento.

En la audiencia, Soto no se cansó de sacar cuerpo de esta denuncia, y señaló, por ejemplo, que no fue el presidente de la Comisión de Justicia —en la que se elaboró el dictamen de esa ley— y que tampoco fue integrante de ese grupo de trabajo. Además, cuestionó que la denuncia se haya revelado primero en un medio de comunicación y no a través de un denunciante. Por ese hecho, culpó a la prensa.

Un argumento clave empleado por el titular del Parlamento es que esa ley no lo benefició porque su caso había prescrito a través de una resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la región Cusco en noviembre de 2019.

No obstante, lo que Soto no explicó —y ningún congresista le preguntó pese a que esta interrogante está en el informe de calificación— es que si su caso ya había prescrito en el 2019 —como señala— por qué su defensa técnica presentó el 14 de julio de 2023 una solicitud de excepción de prescripción cuando la Ley 31751, ahora conocida como ‘ley Soto’, se encontraba en plena vigencia.

Soto tampoco mencionó —y también está en el informe de calificación— por qué razón acudió como imputado con su abogado, a la audiencia de juicio oral el día 21 de julio de 2023, fecha en la que su abogado solicitó se declare la extinción penal por prescripción de manera retroactiva a favor del congresista denunciado.

A la Comisión de Ética, después de recoger su testimonio, solo le queda presentar próximamente el informe final para su votación.

SABÍA QUE

-El caso Amuruz pasó a la etapa de investigación con 8 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, por ser la presunta organizadora de la fiesta de su pareja Paul García, en la que murió baleada una persona.

-El informe no encontró responsabilidad en otras dos imputaciones: contratar a personas allegadas a su pareja ni por no devolver los viáticos de semana de representación.

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